08-Agosto-2008 | Editorial de El Nuevo Día

¿Inmunidad para las comelatas?

La moral no puede predicarse en calzoncillos, y los derechos de los ciudadanos no pueden defenderse haciéndose mal uso de su dinero.

Uno de los principios rectores de la sana administración pública es el precepto de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la legalidad de las acciones de los empleados del Gobierno.

Sin embargo, el procurador del Ciudadano, Carlos J. López Nieves, comete el garrafal error de pensar que esta máxima no le aplica. Por ello, se rehúsa a entregar informes y documentos que expliquen los miles de dólares en fondos públicos que desembolsó en supuestos gastos de representación y de asesoría en un informe de la Oficina del Contralor.

Según la auditoría, en el 2003 López Nieves se eximió del reglamento de la agencia de especificar en los informes de gastos el nombre de los participantes y el tipo o propósito de actividades pagadas por su oficina, por la alegada “confidencialidad” de sus funciones fiscalizadoras.

Con esta inmunidad, López Nieves utilizó su tarjeta de representación en 2006 para pagar $6,513 en comidas que ingirió en 41 restaurantes en 104 ocasiones, sin informar en qué consistía la actividad, quiénes eran los invitados y cuál el fin público.

Lo único que aparece en el récord examinado por los auditores del Contralor es que durante estas francachelas gastronómicas fluyeron las langostas y otros frutos del mar, las chuletas de cordero, el cochinillo y otros exquisitos manjares que, con la recesión económica que se vive en la Isla, están fuera del alcance de Juan del Pueblo.

Y no hay nada malo en que un funcionario coma opíparamente. El problema es cuando lo hace a expensas del pueblo; por eso ha hecho bien el Contralor en pedirle al Secretario de Justicia que le exija a López Nieves el reembolso de este dinero.

Exhortamos al secretario Roberto Sánchez Ramos que proceda de inmediato con el cobro, ya que López Nieves ha anunciado que no devolverá el dinero y continúa empecinado en no identificar a los supuestos asesores y peritos con los que compartió las comelatas.

La defensa del Ombudsman es descabellada. Primero, ofende al País al alegar que si identifica a las personas éstas no volverían a reunirse con él ni proveerían asesoramiento “esencial” para la defensa de los derechos de los ciudadanos. ¡Mal está el País si la única forma de que un funcionario público puede conseguir asesoramiento es a cambio de langosta!

Como si esto fuese poco, alega que hizo estas reuniones en restaurantes por la alegada naturaleza confidencial de los asuntos discutidos. Tenemos que coincidir con el Contralor en que la práctica de realizar reuniones en restaurantes, que son sitios públicos, destruye el reclamo de confidencialidad.

De otra parte, parece que, además de buen diente, el Ombudsman es un mago de las finanzas. Éste alega que, por los $6,513 que gastó en comida, el pueblo obtuvo más de $46 millones en beneficios de sus investigaciones. ¡Con un retorno en inversión de esta magnitud, tal vez López Nieves donde debiera estar es dirigiendo el Departamento de Hacienda! López Nieves tiene el deber moral de rendirle cuentas al pueblo. Lo que se le está pidiendo no es un favor, es un mandato constitucional. La Sección 9 del Artículo VI de la Constitución es clara en señalar que “los funcionarios y empleados públicos deben rendir cuentas con la información necesaria para comprobar la corrección y la propiedad de los gastos incurridos con los fondos públicos”.

La rendición de cuentas es una obligación y un paso indispensable para generar una gobernabilidad que redunde en una mejor calidad de vida y una verdadera defensa del ciudadano.