07-Septiembre-2008 | Editorial de El Nuevo Día

Emergencia en el pueblo de Loíza

La segunda masacre ocurrida este año en la jurisdicción de Loíza debe obligar a las autoridades del País a una acción radical para atender los graves síntomas sociales que mantienen a ese municipio en un virtual estado de sitio, una iniciativa con carácter de emergencia.

“Loíza no está muy bueno. Están matando a mucha gente inocente”, se querellaba amargamente un residente al reaccionar al triple asesinato ocurrido allí la noche del miércoles. Otro sentenciaba gravemente: “Va a haber venganza”.

Bajo esos estándares sociales no es de esperarse que una comunidad de ciudadanos responsables pueda realizar sus quehaceres cotidianos, criar a sus hijos y hacer valer su derecho a “la vida esforzada, laboriosa y pacífica” que le garantiza una Constitución, la suya, bajo la que apenas sobrevive.

Por lo contrario, la familia loiceña vive a sobresaltos, víctima de una imparable ola criminal que ha cobrado la vida de varios de sus ciudadanos más jóvenes, incluidos los tres más recientes -de 20, 22 y 25 años de edad- acribillados en circunstancias que todavía ayer la Policía investigaba.

Las muertes de esos jóvenes, como las de otros ciudadanos víctimas del imparable auge criminal en Loíza y Canóvanas, son sólo parte de los muchos males que aquejan al sector, distante geográficamente apenas 30 minutos de viaje en automóvil desde el área metropolitana de San Juan, pero aparentemente a años luz, en términos de atención del Gobierno central.

Es indiscutible ese estado de abandono, y lo evidencia el perfil de esa comunidad, que ya al año 2000-2001 cargaba con un 29.2% de desempleo oficial; una tasa de deserción escolar de 47.3%, y con el dantesco cuadro de pobreza de un 68% entre sus 30,000 habitantes.

A la altura de 2008, éstas y otras variables del deterioro sólo pueden mostrar un agravamiento, como así manifiesta la creciente crisis de seguridad que mantiene en vilo a sus residentes.

Ese imperdonable abandono en que históricamente se ha mantenido a Loíza es más condenable en tanto se conocen esfuerzos ciudadanos que por años se han hecho para promover su bienestar, su paz y su derecho a sentirse libres en su propio entorno.

Son esfuerzos que no han fructificado especialmente por la desidia y la falta de solidaridad y de compromiso tanto gubernamental como municipal.

También porque los niveles de organización ciudadana que se han generado no han sido suficientes y porque, en conjunto, se ha carecido de la visión para comprender y atender con urgencia la situación de un pueblo económica y socialmente a la deriva.

La onda expansiva de la violencia que desangra a este municipio durante los últimos años no es la causa de su desgracia, sino un efecto doloroso, dramático, de su marginación en todos los órdenes como municipio.

Eso establece claramente que el pueblo de Loíza no puede depender ni de triunfos ni de derrotas de candidatos, ni tampoco de promesas ni componendas electorales.

El Gobierno central, por tanto, no puede aguardar el fin de la jornada electoral para hacer acercamientos serios con las autoridades municipales, el empresariado y la comunidad, para que se demuestre con hechos que les importa el bienestar y porvenir de los loiceños.

Insistimos en que Loíza no es un asunto de elecciones. La tormenta de criminalidad y de marginación social le ha venido pegando muy duro a ese pueblo costero.

Tomando en cuenta este cuadro crítico, estamos convencidos de que emitir una declaración de emergencia para mitigar los problemas de este municipio, sería lo más acertado para ayudarlo a recuperarse de tantos años de azote.