El Senado acaba de aprobar una resolución para prohibir constitucionalmente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. De ello lograrse, Puerto Rico quedará rezagado comparado con otros países desarrollados que permiten las uniones homosexuales y hasta el matrimonio gay. Hasta en España, de donde proviene gran parte del derecho puertorriqueño, se les permite a las parejas homosexuales casarse.
Hace una década trabajé como oficial jurídico en la Corte federal de Puerto Rico. Me mudé a la Isla por razones profesionales, pero con el tiempo llegué a enamorarme de Puerto Rico. Ya que me sentí muy a gusto en la Isla del Encanto, contemplé quedarme.
Sin embargo, quedarme implicaba hacer lo que ni los puertorriqueños solían hacer. Numerosos jóvenes gays, muchos de ellos abogados, preferían abandonar la Isla, y su homofobia institucionalizada, a quedarse en su patria.
Mi red social hubiese consistido mayormente en profesionales en el clóset, lo que me obligaría a ocultar mi propia identidad. Aunque en la corte todos eran tolerantes, ser abiertamente gay en el resto de la comunidad jurídica hubiera sido un suicidio profesional.
No fui el único en irme. Miles de puertorriqueños homosexuales se trasladaron a ciudades más tolerantes. En Nueva York, donde vivo ahora, me asocié a una comunidad de abogados, jueces y profesores homosexuales en la cual muchos abogados puertorriqueños prosperan.
Esta emigración se debe en parte a acciones como las del Senado. La Isla no puede continuar perdiendo a su gente más educada. En una economía postindustrial, el crecimiento depende de gente inteligente y creativa, muchos de los cuales son homosexuales o desean vivir en una sociedad tolerante y diversa. El mundo corporativo reconoce esto. Más de la mitad de las empresas en el listado del Fortune 500 proveen beneficios a parejas gays y un 86% tienen políticas de no discriminación.
En fin, el éxito económico depende de la diversidad.
Rechazar esta enmienda hubiese confirmado todo lo que Puerto Rico es y puede ser: un lugar cosmopolita en donde se respetan los derechos humanos. Ahora que el Senado cedió a la homofobia reaccionaria, la Cámara de Representantes y el Gobernador tienen que intervenir, ignorando las acciones insensatas de la Cámara Alta y enfocándose en salvaguardar el futuro de Puerto Rico. Ello requiere retener a los profesionales jóvenes en lugar de asustarlos mediante la aprobación de leyes retrógradas.