03-Julio-2008
Julio Fontanet
Catedrático de Derecho

Un oasis en el desierto

Es alentador que un grupo de ciudadanos expusiera valiente y responsablemente una propuesta para atender el problema más serio que enfrenta nuestra sociedad: las drogas. En el pasado, voces como el Colegio de Abogados, la Universidad Carlos Albizu, algunos ex jueces del Tribunal Supremo y el juez federal Juan Torruellas habían planteado la necesidad de modificar la política gubernamental relacionada con el uso y trasiego de drogas.

En esta ocasión, la presenta un grupo de ex funcionarios públicos con un bagaje político y profesional diverso. La propuesta fue recibida con mucho entusiasmo en algunos sectores, pero también con críticas en otros. Un común denominador en estas últimas es la generalización y la utilización indiscriminada de los conceptos pertinentes. Además de la gran confusión sobre dichos conceptos, fue penoso escuchar a las personas decir, simplonamente, que de lo que trataba la propuesta era de legalizar todas las drogas.

Nada más alejado de la realidad. Aclaremos. “Prohibición” es el acto de adjudicar penas carcelarias a toda actividad que tiene que ver con el uso o trasiego de drogas. “Medicación” es la utilización de un medicamento aprobado por la profesión médica para aminorar las condiciones asociadas con una condición de dependencia de drogas; y “despenalización” es el acto de no adjudicar penas carcelarias a una conducta particular (como el consumo de una droga específica). Por otro lado, la “legalización regulada” es aquella mediante la cual se deja una droga al libre juego de oferta y demanda, pero con regulaciones y sanciones específicas. Finalmente, “legalización desregulada” es la inserción de una sustancia al juego de oferta y demanda, pero sin reglas ni sanciones por su uso.

En la actualidad -y como consecuencia de la llamada guerra contra las drogas comenzada por el presidente estadounidense Richard Nixon, la política existente consiste fundamentalmente en “prohibición” con grandes penas carcelarias. Como consecuencia de la misma, el uso de la drogas ha aumentado, el narcotráfico se ha convertido en una empresa sumamente lucrativa, las cárceles están llenas de personas adictas y la mayoría de los delitos que se cometen, incluyendo los asesinatos, están asociados con el uso y venta de las drogas. ¿Es eso lo que queremos?

Cabe preguntarse si la inversión económica para financiar esta fallida guerra pudo haber sido utilizada más efectivamente en prevención, rehabilitación y mejores oportunidades para las personas que caen en ese terrible mal. Precisamente, ésa es la fórmula que se utiliza en los países nórdicos y en Holanda, donde la comisión de delitos relacionados con las drogas es nominal.

En naciones donde coexisten la “medicación” y la “legalización regulada” se establecen grandes limitaciones para el acceso a las drogas, pero, sobre todo, penas carcelarias sustanciales para aquéllos que se dediquen a la distribución ilegal de éstas o violenten las disposiciones estatutarias o reglamentarias provistas. Allí donde ha sido efectivo limitar el abuso y el tráfico de drogas se ha establecido una política salubrista con la que se trata al distribuidor ilegal como un criminal y al adicto como lo que es, una persona enferma, lo que viabiliza proveerle servicios de salud. Ha sido, justamente, la política de “prohibición” la que ha propiciado que el 95% de los adictos y usuarios no reciban ningún tipo de atención o tratamiento.

Ninguna propuesta seria va a avalar la “despenalización” o la “legalización desregulada”. Cualquier propuesta realista y bien pensada debe proveer un programa integrado interdisciplinario donde coexistan la prohibición y una política de rehabilitación y tratamiento. En esa dirección va la propuesta presentada recientemente, que llega como un oasis en medio del desierto de la incomprensión generalizada de este tema.