Dice que se hicieron en consulta con Justicia federal
Por Eugenio Hopgood Dávila / ehopgood@elnuevodia.com
El superintendente de la Policía, Emilio Díaz Colón, defendió ayer la nueva Orden General sobre el uso de la fuerza por parte de la Uniformada y negó que las nuevas directrices abran la puerta para que los agentes les disparen a los ciudadanos en forma injustificada.
Díaz Colón, quien contestó ayer preguntas sobre el tema con tres abogados que redactaron la Orden General, hizo énfasis en que el documento se elaboró en consulta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que el adiestramiento ofrecido a los policías debe despejar cualquier duda que tengan sobre el texto de la orden.
También dejó claro que la Orden General, que entra en vigor hoy, y otros aspectos de la reforma policial no son un acto de iniciativa propia de la Policía ni del Gobierno de Puerto Rico, sino consecuencia de la investigación federal que culminó con el informe sobre la Policía de septiembre pasado.
“Lo estamos llevando como tiene que ser, en conjunto y en acuerdo, siguiendo las directrices del Departamento de Justicia federal; no lo estamos haciendo solos ni porque nosotros entendemos que debemos hacerlo”, dijo cándidamente Díaz Colón.
El licenciado Guillermo Torruella, uno de los asesores legales, indicó que se le envió a Justicia federal el borrador de lo que hicieron acá y se adoptaron todas las recomendaciones que hicieron los federales sobre el borrador.
Abogados expertos en derechos civiles consultados por este diario mostraron reparos a aspectos de la Orden General, especialmente en cuanto a la definición de “amenaza inminente de muerte o grave daño corporal”, que es el concepto clave para que el policía esté autorizado a usar fuerza mortal.
“No es que el policía especule”
La Orden General establece que “puede existir un grave peligro de grave daño corporal o de muerte cuando el sujeto tiene acceso a un arma, se da a la fuga con un arma o huye a un lugar donde el (policía) perciba que el sujeto pueda tener acceso a un arma”.
Sobre este punto, el licenciado William Ramírez, director local de American Civil Liberties Union (ACLU) y promovente de la pesquisa federal a la Policía, ha comentado que se presta para que un policía pueda juzgar a base de sus posibles prejuicios. Si es una persona racista y el ciudadano es negro, y si corre hacia un residencial público y el policía piensa que allí el que huye puede tener acceso a un arma, entonces le podría disparar solo por huir.
“Este tipo de ejemplo no se debe usar, eso es menospreciar la capacidad del policía”, opinó el superintendente.
La licenciada Judith Berkan, defensora de los derechos civiles en el País, también entiende que esa definición del “peligro inminente” tiene elementos especulativos y no cumple con la jurisprudencia federal.
“No es que el policía especule, tiene que tener un motivo fundado”, sostuvo la licenciada Lorena García Ríos.
Por su parte, la licenciada Xiomara Colón Rodríguez señaló que la Orden General establece un uso de fuerza escalonada según el nivel de resistencia que enfrente el policía y que, “como regla general, el oficial tiene que advertir que va a utilizar fuerza letal para darle la oportunidad de cumplir con la instrucción”. Según Díaz Colón, estos factores, junto a los adiestramientos que ya han tomado 15,000 de unos 16,000 policías activos, son suficientes para brindar una guía a los agentes y evitar que se violen derechos civiles.
Díaz Colón y sus asesores admitieron que no hay una directriz para la intervención con pacientes mentales, causa común de muertes a manos policías, pero se proyecta diseñar un protocolo al respecto.
