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17 de octubre de 2012
Calidad de vida
 

Dinero público financia El Vocero

Compañía matriz del periódico recibe ayuda del Gobierno a pesar de abultada deuda contributiva

Con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. (Archivo)

Por Miguel Díaz Román / mdiaz2@elnuevodia.com

Con la anuencia del Gobierno y a pesar de tener una deuda contributiva multimillonaria, la empresa Caribbean International News Corporation (CINC), matriz del periódico El Vocero, ha recibido más de $24.9 millones en fondos públicos a través de un esquema en el que se crearon nuevas corporaciones para burlar compromisos legales, económicos y laborales, según una determinación emitida el 24 de septiembre de 2010 por la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos.

De esa manera, con fondos del Gobierno estatal y asignaciones federales, CINC no solo ha financiado la gran mayoría del gasto de nómina de El Vocero, sino que también ha sufragado, aparentemente, una parte sustancial de los gastos operacionales. El diario recibió  estos fondos a pesar de que arrastra una deuda contributiva de $21,141,200 desde el 2003 hasta el 2012, lo cual es contrario a las normas establecidas en el gobierno que prohíben que empresas con deudas al erario firmen contratos con el Estado.

Según una investigación realizada por El Nuevo Día, El Vocero, cuya línea editorial abiertamente favorece a  la administración actual, ha recibido a través de los años más de $24.9 millones de programas de incentivos salariales y de adiestramiento, que tienen vigencia limitada y que en su gran mayoría deben estar dirigidos a crear nuevos puestos de trabajo y no a mantener la plantilla actual.

 Los incentivos han sido concedidos entre el 2006 y 2012, lo que implica que se iniciaron bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD). Durante el cuatrienio de Acevedo Vilá, se le concedieron $7.3 millones en incentivos a CINC y El Vocero de Puerto Rico, Inc., empresas bajo las cuales operaba el diario.

Las movidas más controvertidas, sin embargo, se registraron a partir de que el gobernador Luis Fortuño tomara posesión en el 2009, cuando en abril de ese año la administración de El Vocero cambió su estructura corporativa y creó nuevas empresas mediante las cuales tuvieron acceso a los incentivos para pagar su nómina y operaciones.

 Desde el 2009 hasta el presente, el grupo de nuevas corporaciones ha recibido a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), de municipios y de consorcios municipales, más de $17.6 millones en fondos federales y estatales. Según consta en los propios contratos de incentivos obtenidos por El Nuevo Día, los fondos que recibieron las nuevas corporaciones pretendían crear y mantener más de 1,000 puestos de trabajo entre 2006 y el 2012.

 Antes del 2009, el diario llegó a tener 300 empleados y en la actualidad tiene 138, según datos de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, lo que apunta a que dichas ayudas posiblemente se usaron para conservar la misma plantilla de empleados de la empresa y subsidiar, con los remanentes de esos fondos, las costosas operaciones del periódico.

 De esta forma, el Gobierno les negó a más de 1,000 trabajadores desempleados una oportunidad de empleo y de adiestramiento en medio de la peor crisis económica que recuerde la historia reciente del país, que ya le ha costado más de 180,000 puestos de trabajo y miles de quiebras empresariales. Los fondos obtenidos por el diario provienen de los programas que son administrados por el DTRH y por los municipios de San Juan y el consorcio integrado por los municipios de Guaynabo, Cataño, Toa Baja y Toa Alta.

Estos fondos pretenden incentivar a las empresas con el pago del 50 por ciento de los salarios para crear nuevas plazas de trabajo y para readiestrar empleados por periodos que oscilan entre seis meses y un año en cada contrato. Aunque de menor cuantía, el diario también obtuvo un contrato de ayudas provenientes del consorcio de Caguas y Guayama, pero este posteriormente fue rescindido.

En el caso del DTRH, la mayoría de los fondos designados para incentivos provienen de una aportación especial que realizan las empresas activas que asciende al 1% de su pago de nómina trimestral. El DTRH y los municipios también se benefician de los programas federales como los llamados fondos WIA, en referencia a las siglas de la ley federal Workforce Investment Act, y fondos ARRA, que se refiere a la ley federal American Recovery and Reinvestment Act.

 En los contratos existe una cláusula que exige que las empresas recipientes de la ayuda no pueden tener deudas contributivas o de otra índole con el Gobierno o con los municipios y, si las tienen, deben presentar un plan de pago en cumplimiento. Esta disposición es obligatoria en los contratos del Gobierno central y de las corporaciones públicas desde 1991, cuando el entonces gobernador Rafael Hernández Colón la impuso como una norma por medio de una orden ejecutiva. La disposición es también  obligatoria para los gobiernos municipales y es requerida por la Oficina del Contralor y por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales.

 UNA DÉCADA DE DEUDAS

Las deudas, que revelan un alarmante patrón de morosidad, se desglosan en $17,422,239.89 con el Departamento de Hacienda a partir del 2003 hasta el 2012, por no pagar las retenciones contributivas que realizó a los salarios de sus empleados y el 7% retenido a los contratos de servicios profesionales, así como otras contribuciones aplicables; $1,978,778.87 con el municipio de San Juan por el impago de patentes municipales; $687,817.05 con el DTRH por no pagar la aportación para el desempleo y una deuda de $1,052,366.70 con el Fondo del Seguro del Estado, la cual obedece al impago de primas y a servicios médicos adeudados. Estos servicios fueron provistos a empleados durante periodos en que El Vocero era un patrono no asegurado, debido a que no había pagado las primas.

En agosto del 2006, el exsecretario del Trabajo, Román Velasco, aprobó incentivos para el diario, a través de la empresa CINC, por $2 millones para mantener 101 puestos de trabajo, que le permitía pagar salarios de hasta casi $7,000 mensuales. En el contrato se incluyó la cláusula que prohíbe  tener deudas contributivas con el Gobierno y, si las tiene, debe presentar un plan de pago. Sin embargo, solo se acompañó con una certificación negativa de deudas para las leyes que administra el propio DTRH, no así para las contribuciones que administra el Departamento de Hacienda. Luego, en el 2007, a fuerza de varias enmiendas que se le hicieron al contrato, la ayuda asignada llegó a la suma de $3.4 millones. En ese mismo año, Velasco aprobó otro contrato para 75 plazas por $1.5 millones en el que sí se incluyó la cláusula.

A partir de junio de 2009 y durante la incumbencia del exsecretario del Trabajo y ahora secretario de la Gobernación Miguel Romero, el expresidente de El Vocero, Miguel Roca, y su actual presidente, el licenciado Peter Miller, crearon seis nuevas corporaciones con las cuales lograron evadir la prohibición del Estado y tener acceso a los incentivos a través de los nuevos entes corporativos que no registraban deudas.

Las seis empresas fueron incorporadas por Roca y Miller el mismo día, el 28 de abril de 2009, en el Departamento de Estado. Estas son: News Distributors of Puerto Rico (NDPR), que  presuntamente se dedica a tareas de distribución del diario; Multi Media Management (MMM), que supuestamente  se dedica a tareas gerenciales; Multi Media Enterprises (MME), bajo la cual está gran parte de la plantilla de los periodistas, fotoperiodistas y otro personal de la redacción; Prime Printing (PP) y La Prensa Libre de Puerto Rico (PLPR), dos empresas que aparentemente operan todo lo relacionado con la impresión del diario y cuya imprenta está ubicada en la urbanización industrial Matadero en Puerto Nuevo.

La última empresa es Multi Service Company (MSC), que presuntamente maneja las tareas de transportación y de inserción de shoppers y de otros impresos que acompañan el periódico. Con esta maniobra corporativa se logró evadir la prohibición de las deudas. Así, las nuevas corporaciones estarían aptas para obtener incentivos y hacer negocios con el Gobierno, a pesar de que emplean a prácticamente la misma plantilla de trabajadores de El Vocero y de que, por medio de las empresas CINC y El Vocero de Puerto Rico, Inc., arrastraban deudas multimillonarias con Hacienda y con el propio DTRH.

FALLO DE LA  JUNTA FEDERAL REVELA EL ESQUEMA

La maniobra corporativa para evadir responsabilidades mediante la creación de nuevas corporaciones quedó en evidencia en el 2010, cuando un juez administrativo de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, una agencia federal independiente encargada de velar, entre otras cosas, por el cumplimiento de leyes laborales, falló en contra de El Vocero y determinó que la creación de News Distributors of Puerto Rico (NDPR) era un mecanismo de la empresa para evadir sus compromisos contractuales con sus empleados.

El juez administrativo de la Junta federal, Michael A. Rosas, calificó a NDPR como una empresa idéntica a CINC (la expresión original fue un álter ego). Según el fallo, NDPR es un álter ego de CINC porque “sustancialmente tiene un idéntico propósito comercial, gerencia, equipo, supervisores, clientes y lugar de operaciones”. El dictamen administrativo incluso señala que “NDPR era una compañía en papel solamente. NDPR no tenía clientes, empleados, espacio de oficina ni cuenta bancaria”.

La decisión del juez administrativo surgió en atención a un reclamo realizado por la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), luego de que en 2009 El Vocero cerrara su departamento de distribución, que dejó sin trabajo a 107 empleados, y luego inscribiera a NDPR para subcontratar las funciones de distribución. El fallo fue acogido y ratificado por la Junta federal en diciembre de 2011 y las partes se encuentran en este momento en proceso de negociación como parte de un último intento de apelación en Washington, D. C.

La decisión de la Junta federal fue ignorada por el exsecretario Romero, quien continuó concediéndole ayudas por valor de más de $4 millones a NDPR y por más de $6 millones a las otras nuevas criaturas corporativas. Esto a pesar de que en el DTRH, según una fuente interna, es un secreto a voces que el diario tenía una deuda en el renglón de desempleo y que las nuevas empresas operan como un subterfugio para no responder a las obligaciones de CINC y de El Vocero de Puerto Rico, Inc.

Durante la incumbencia de Romero se ha protegido a El Vocero hasta el extremo de que el empleado Ángel Agosto, quien es cobrador de deudas contributivas en el DTRH, se disponía a mediados del 2011 a realizar esfuerzos para conseguir que la empresa pagara su cuantiosa deuda, pero inesperadamente su gestión fue detenida. “Cuando iba a comenzar pidieron de arriba, del piso 21, donde está la oficina del secretario, el expediente. Un empleado, Richard Monje, dijo que había una apelación (a la deuda) de El Vocero en la oficina del secretario. Y no se hizo nada más”, dijo Agosto.

ESQUEMA CON VISOS DE PROTECCIÓN DEL GOBIERNO

El Nuevo Día ha dialogado con empleados del periódico El Vocero, quienes aseguran que sus salarios y el de muchos de sus compañeros son pagados con cheques emitidos por la empresa CINC, que no figura como recipiente de subsidios salariales a partir de 2009. CINC ha emitido esos salarios a pesar de que las empresas que reciben los incentivos son las que fueron incorporadas a partir de 2009, las cuales, supuestamente, funcionan de manera independiente.

Dicha acción levanta el serio cuestionamiento de cómo se están usando los fondos públicos producto de los contratos de incentivos que fueron otorgados a nombre de otras corporaciones para la contratación de nuevos empleados y no para uso de CINC.  Esto a pesar de que en los contratos existe una cláusula que obliga a tener y evidenciar que la corporación beneficiada tendrá una cuenta aparte para el manejo exclusivo de los fondos recibidos.

Otro elemento llamativo es que la mayoría de los contratos otorgados por el consorcio de Guaynabo, que son pagados con fondos WIA, establecen altos salarios para puestos ejecutivos y gerenciales, redactores y otro personal de producción, que van desde $13 por hora hasta $32 por hora. En algunos contratos, la aportación del municipio financia la totalidad del salario de los empleados cobijados en el contrato.

Esto significa que la inyección de estos fondos federales se alejaría de su propósito usual de ayudar al patrono a financiar el salario de personal en adiestramiento en un oficio, y en este caso ha sido utilizada para financiar en ocasiones en un 100 por ciento el salario de personal gerencial altamente adiestrado con funciones incluso ejecutivas. Esto a pesar de que en los contratos también se hace referencia a los puestos solicitados en la propuesta sometida al municipio, con salarios más altos o funciones altamente especializadas y que no fueron aprobados, como es el caso del puesto de un vicepresidente.

De acuerdo con información obtenida por El Nuevo Día, los expedientes de las nuevas empresas de El Vocero  se encuentran custodiados en una oficina en piso 19 de DTRH, a la que solo tienen acceso un puñado de empleados vinculados a la presente administración en la división de Fomento al Trabajo, encargada de ofrecer los incentivos salariales. Según fuentes en esa división, los asuntos de las empresas de El Vocero se manejan con estricta confidencialidad  y con la participación activa de asesores y ayudantes de la oficina del Secretario.

  Entre los empleados que no tienen acceso a los expedientes circulan dos versiones. La primera sostiene que los auditores del DTRH no han podido auditar a las nuevas empresas, a pesar de que las auditorías son mandatorias al menos seis meses después de recibir los incentivos.

 La otra versión señala que se han realizado  algunas auditorías que han detectado graves negligencias e incumplimientos en dos de estas empresas hasta el punto que le han requerido la devolución de la totalidad del dinero recibido. Según esta versión, esas empresas no brindaron los adiestramientos que ofrecieron en las propuestas para solicitar la ayuda y tampoco crearon una determinada cantidad de nuevas plazas de empleo, lo cual es un requisito que figura en los contratos.

 La fuente indicó que otro alarmante incumplimiento es que, básicamente, los mismos empleados de las empresas han sido los recipientes de los incentivos salariales y que no se ha cumplido con el requisito de reclutar desempleados registrados en el DTRH, lo cual apunta a serias irregularidades  en la obtención y uso de fondos locales y federales de los programas de incentivos.

Esto significa que la antigua plantilla de empleados de El Vocero ya diestros en la industria y los oficios del periodismo es la misma que figura como el grupo de empleados que recibe un salario subsidiado justificado bajo una asignación de fondos que tiene como fin adiestrar a individuos en un nuevo oficio o en la realización de nuevas tareas.  

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