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Editorial de El Nuevo Día |
Condicionar la renominación de los representantes del Ministerio Público a un eficiente desempeño en los tribunales, como ha anunciado el gobernador Luis Fortuño, es un paso en la dirección correcta en la lucha contra el auge criminal que enfrenta el pueblo de Puerto Rico.
El escenario alrededor del cual el gobernador hizo el anuncio no puede ser más sombrío: el País ha observado los numerosos casos en los que la ineficiencia, incluyendo errores elementales en la redacción de los pliegos acusatorios, de los fiscales han tenido el efecto adverso al buen fin de la justicia de una reducción en la clasificación de los delitos imputados y hasta comprobados, e inclusive el de dejar libres a los autores de actos criminales.
Póngase por caso el error cometido por dos fiscales al no incluir la palabra “premeditación” que tenía que aparecer en el pliego acusatorio contra un hombre que asesinó a su expareja en un bar de Ceiba, a resultas de la cual el acusado vio reducido su delito de asesinato en primer grado a uno de segundo grado, con la implicación de que la sentencia de 99 años de prisión que debió recibir se redujo a 25 años.
O el de la joven dominicana Francheska Duarte, a quien su novio atropelló con un vehículo como resultado de lo cual perdió sus dos piernas, pero la jueza Nerisvel Durán se vio precisada a rebajar la acusación de dos cargos de agresión agravada por una de lesión negligente, toda vez que el Ministerio Público no pudo probar la intención del agresor al cometer el delito.
En el primero de los casos –que sólo reflejan ejemplos de muchos– el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, ordenó una investigación administrativa además de llevar al gobernador a pedir perdón, a nombre de su Gobierno, a los familiares de la víctima, y en el segundo, se ha solicitado al Tribunal de Apelaciones una revisión del fallo contra el hombre convicto.
A esas y otras fallas de los representantes del Ministerio Público se han añadido otras relacionadas con los desaciertos de los fiscales durante casos que han llamado la atención del País, incluyendo haber permitido la destrucción o desaparición de potenciales piezas de evidencia o autorizar la entrada de personas, incluyendo familiares y amigos, a escenas que tienen que estar protegidas de la presencia de intrusos tras la comisión de delitos o acciones susceptibles de la comisión de estos.
La situación ha desembocado en tal estado de indignación pública que el gobernador Fortuño se vio precisado, primero, a advertir a su secretario de Justicia que aunque cuenta con su confianza, ésta no tiene de carácter permanente sino que tiene que ganarse día a día con el descargo de sus funciones.
Y el jueves pasado aprovechó su mensaje ante la Conferencia Anual del Ministerio Público para urgir a los fiscales a comprometerse con su trabajo a evitar más sufrimiento a las víctimas de la criminalidad. Sus renominaciones, les hizo claro el primer ejecutivo, tomarán en cuenta sus expedientes como tales funcionarios públicos.
Específicamente, les dijo el gobernador a los fiscales: “Es inaceptable que tras el sufrimiento de perder a un ser querido a manos de maleantes en las calles, muchas familias tengan que esperar por meses –inclusive por años– para que se les haga justicia”.
Aténganse los representantes del Ministerio Público al perentorio llamado del gobernador.
