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Editorial

El Nuevo Dia Editorial de El Nuevo Día
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30 de noviembre de 2012

ALERTA DE SALUD Y PLANIFICACIÓN

La existencia de 1,440 torres de telecomunicaciones en Puerto Rico -dos por milla cuadrada- y su efecto potencial en la salud de los puertorriqueños es asunto que merece la atención inmediata, verificadora y firme de las más altas autoridades sanitarias y reguladoras del País.

El alerta lo justifica, no solo el número total de dichas torres, sino el hecho de que, como revelara esta semana El Nuevo Día, una cantidad incierta fue autorizada en incumplimiento con las distancias mínimas requeridas entre sí y con respecto a viviendas en distintas comunidades.

Esas autorizaciones contrarias a las disposiciones reglamentarias se habrían hecho con el pretexto de “exigencias tecnológicas” y bajo el alegato de un interés público que resulta cuestionable. De esa cantidad, solo puede identificarse la ubicación de 840 torres, porque las restantes 600 “son confidenciales” por considerárseles “infraestructura crítica”.

El informe periodístico indica que a pesar de que un estatuto, la Ley 89 de 2000, dispone que “la salud de nuestras comunidades” es un elemento de “gran importancia y absoluta necesidad de protección”, los argumentos comunitarios sobre el impacto de estas estructuras no tienen éxito en los tribunales. Estas revelaciones dejan la sensación de que impera la complicidad y complacencia.

Abona a esa percepción conocer las expresiones de la titular de la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones, Sandra Torres. Al negar lo innegable, que existe evidencia científica que apunta al impacto nocivo de la contaminación electromagnética sobre las personas, dicha funcionaria calificó como “mitos” el problema de la radiación y del cáncer. Poniendo a un lado, la abundante prueba científica que existe en el mundo sobre dichos efectos, tales aseveraciones denotan la más burda insensibilidad e ignorancia sobre la desproporcionada prevalencia de cáncer en Puerto Rico. Los informes oficiales indican que el cáncer es la segunda causa de muerte aquí, responsable de un promedio de 17% del total de muertes anuales. En apenas cuatro años, entre 2000 y 2004, unas 50,000 personas fueron diagnosticadas con esa enfermedad.

Para estas personas y sus familias, el cáncer no es un mito sino una dura realidad que cada día drena sus energías y recursos domésticos igual que las arcas públicas y del sector privado. Cualquier amenaza que empeore este crudo escenario es un asunto grave y como tal debe ser atendido por las autoridades gubernamentales.

La Organización Mundial de la Salud ha encontrado que la exposición a microondas, específicamente de teléfonos celulares, aumenta en un 40% las probabilidades de desarrollar tumores cerebrales. En otro documento, la Declaración de Alcalá, más de 400 médicos basados en más de 600 estudios sobre contaminación electromagnética, vinculan las fuentes de emisión de esa radiación a condiciones de salud como Alzheimer, autismo y Parkinson, además de cáncer.

El avance tecnológico y su inserción como parte de nuestro desarrollo económico tiene que seguir reglas claras de planificación en balance con criterios que arrojen bienestar a nuestras comunidades. Bienestar en términos de calidad de vida. En busca de ese balance es que cada vez surgen más movimientos en el mundo, y poco a poco en Puerto Rico, de ciudadanos conscientes y dispuestos a hacer lo indecible para que las autoridades atiendan este asunto con la premura y el rigor que merece.

No es para menos. Se trata de un asunto ético, moral y de salud pública que tiene que imponerse a la conveniencia tecnológica, no al revés.

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