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Editorial

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20 de noviembre de 2012

ALIANZA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

Entre los grandes retos a que se enfrentan sin excepción los 78 gobiernos municipales, ninguno supera la urgencia de una revisión a fondo de la Ley de Municipios Autónomos de 1991 que incorpore el concepto de regionalización municipal para la prestación de servicios y la construcción de obra pública en beneficio de sus constituyentes.

Sólo dos elementos se requieren para fortalecer el entramado municipal de manera que se logre una verdadera autonomía de cada municipio, que produzca su rescate financiero y el cumplimiento esencial de su misión constitucional: fuerza de voluntad y conciencia del principio cardinal de su existencia.

Para alcanzar esa meta no es necesario inventar la rueda: desde la administración del gobernador Roberto Sánchez Vilella se comenzó a diseñar el modelo de una regionalización municipal y, más recientemente, universidades privadas de Puerto Rico, a través de un proyecto inicial del Sistema Ana G. Méndez, pusieron en función varias exitosas iniciativas -como Inteco, Intene y Disur, entre otras- en las que participan municipios de diferentes áreas geográficas de la Isla que, en conjunto con la empresa privada, han establecido polos de desarrollo económico coherente para promover y maximizar la competitividad y el desarrollo sustentable de las regiones donde se han establecido.

Se trata de un proyecto en el que se han integrado los esfuerzos y recursos de los sectores público y privado y la academia en búsqueda del logro de la mejor calidad de vida en cada región.

Los 78 alcaldes de la Isla deberían aprovechar la coyuntura del comienzo de un nuevo cuatrienio, alentados, algunos por haber recibido el respaldo de sus constituyentes para continuar su trabajo al frente del municipio, y otros para iniciarlos, y disponerse a establecer un nuevo modelo de servicio municipal. A los alcaldes debería unirse también la Universidad de Puerto Rico, con recursos fundamentales de administración para aportar a tan estratégico esfuerzo.

La regionalización municipal debe verse en un contexto mucho más amplio que el del recogido de desperdicios sólidos, el asfalto de caminos o el programa de ornato público. Sensatamente administrados por la vía de regiones, a la par que desburocratizados, los gobiernos municipales podrían descargar con eficiencia operacional y una considerable reducción de costos, servicios esenciales como la otorgación de permisos, contabilidad, celebración y adjudicación de subastas, adquisición de equipos y vehículos, así como el ofrecimiento en conjunto de incentivos para el desarrollo económico de la región.

Inclusive, un nivel regional debidamente constituido a través de la revisión de la actual ley de municipios autónomos, o la aprobación de algún nuevo estatuto de ser necesario, estaría en condiciones de recurrir conjuntamente al banco del Estado o los privados para obtener dinero para la financiación de la obra pública a realizarse.

El nombre del organismo no es importante en este esfuerzo, sino la voluntad de cada uno de los alcaldes, y la colaboración del Ejecutivo y el Legislativo, para que los municipios de la Isla -hoy abrumados con una deuda global que en el año 2011 ascendía a $3,872,000 millones- estén en condiciones óptimas para servir como ejes de un servicio que garantice a los ciudadanos un gobierno municipal efectivo y responsivo a sus necesidades y aspiraciones.

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