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Editorial

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12 de diciembre de 2012

A TERMINAR CON LA DESFACHATEZ

El agravio al pueblo de Puerto Rico que constituye la desfachatez con la que la dirección de la quebrada Autoridad de Carreteras y Transportación ha repartido más de medio millón de dólares en regalías a sus funcionarios y empleados de confianza requiere una firme acción reparadora por parte del gobernador entrante.

Lacera la fibra moral del pueblo de Puerto Rico -muy en especial la de los miles de empleados públicos despedidos desde los inicios del presente cuatrienio como parte de la “medicina amarga” recetada por la Administración Fortuño para confrontar la crisis fiscal expuesta en 2009 y que sigue vigente tres años después- presenciar el condenable espectáculo de los llamados “bonos de productividad”.

Porque no puede calificarse de otro modo el ver a un jefe de agencia, el secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, justificando con retórica semántica, el derroche de $606,713 que beneficia a 38 funcionarios (con él a la cabeza) y empleados de confianza en “bonos de productividad” con cargo a una autoridad que se entrega al nuevo gobierno con un déficit de $300 millones.

Al insulto de ese despilfarro de fondos públicos en una agencia de gobierno que mantiene en estado de emergencia casi todas sus dependencias y en precario sus programas de transporte público y de servicios a los conductores, se agrega la “aclaración” de su titular, quien afirma sin el mínimo embarazo que no se trata de “un bono” sino de una “liquidación”, que para él representa una jugosa compensación de cerca de $70,000.

Ello sucede, a la vez que, contradictoriamente, acepta que el dinero extra saqueado de las arcas de Carreteras y Transportación estaba presupuestado y estipulado en el reglamento de recursos humanos de la autoridad.

Se trata, sin embargo, del mismo reglamento que tan recientemente como el 16 de mayo del año pasado, el propio secretario derogó debido a la “crisis fiscal” que atraviesa la agencia.

El secretario tiene muchas preguntas por responder, la primera de las cuales es, ¿cómo ha cambiado la situación fiscal de Carreteras y Transportación? Es fácil y comprobable responder por él: ha cambiado para empeorar. De ahí las crecientes fallas en el servicio del transporte marítimo, el disloque económico en el sistema del Tren Urbano, las pésimas condiciones de las carreteras y las constantes averías en la operación de los centros de servicios al conductor.

También debe responder qué ocurrió en las finanzas de Carreteras y Transportación que, entre mayo de 2011 y ahora, le llevó a revocarse a sí mismo para aprobar el derroche de más de más de $600,000 en unos bonos de “improductividad”, que, por cierto, supera por $409,175 los $197,538 dispensados con el mismo fin tras la elección general de 2008.

Por la información que va surgiendo, se denota de que Carreteras y Transportación no es la única participante en este festín de dinero público. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados -con un déficit de más de $3 millones-, que el año pasado distribuyó $1.1 millones en “bonos de productividad” a 165 empleados de confianza, es una de las corporaciones públicas que se unirán al festival del despilfarro.

El gobernador electo, Alejandro García Padilla, quien ayer condenó la otorgación de tales bonos, tiene en sus manos la oportunidad idónea para parar esta desfachatez a través de una legislación clara que no se preste a la interpretación de los funcionarios de las agencias ni a oportunistas confabulaciones en la gerencia pública.

Junto a la nueva Legislatura, debe hacerlo tan pronto asuma el cargo y con vigencia permanente.

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