BASTA DE ABUSO INSTITUCIONAL

La acumulación de traspiés, la insensibilidad y la incompetencia que define el desempeño de la secretaria de la Familia, Yanitsia Irizarry, debería obligar al gobernador Luis Fortuño a dar un paso drástico y ejemplar: realizar un cambio en la dirección de tan importante agencia.

Desde el día número uno al frente de una de las más sensitivas agencias públicas del País -dedicada a la protección y el fortalecimiento de la familia, especialmente niños y ancianos desamparados o maltratados-, la secretaria Irizarry ha ido abultando un pesado fardo de negligencia hasta convertir irónicamente la agencia con sus acciones en un sistema de maltrato institucional contra quienes, precisamente, tiene el deber de rescatar de las garras de la agresión y la violencia.

El más reciente episodio en esa maraña de irresponsabilidad, negligencia y visible ineptitud ha tenido como escenario la Unidad de Investigaciones Especializadas de Bayamón.

A eso de la una de la madrugada del miércoles, siete menores fueron removidos de sus hogares por personal del Departamento de la Familia, cuyos oficiales de la región de Bayamón encontraron que estaban siendo explotados por familiares que los obligaban a pedir dinero en las calles a todas horas del día y la noche.

Al llegar a la Unidad de Investigaciones Especializadas de la región, era de rigor esperar que los menores se sintieran liberados y protegidos, cual es la misión de sus “rescatadores”. Sin embargo, del flagelo que para sus cortas vidas representaba la explotación de que eran víctimas, pasaron al flagelo del maltrato institucional.

Allí, en la referida unidad, no encontraron la esperanza que seguramente pensaban encontrar, sino otra modalidad de abuso, esta vez con el auspicio del propio Gobierno representado fiduciariamente por la secretaria Irizarry: descubrieron que no había dinero para proveerles la alimentación que seguramente necesitaban a esas horas de la madrugada; no pudieron disponer siquiera de una ducha para el aseo que les era urgente recibir, y peor aún, tampoco pudieron hallar un área donde dormir.

Entre los siete menores, había una adolescente de 14 años de edad con cinco meses de embarazo: ella ni siquiera tenía a su alcance las pastillas prenatales que necesitaba con urgencia.

Ese cuadro dantesco -propio del tercermundismo al que tanto se denuncia, con sobrada razón- no es sino una repetición de numerosos otros casos que se han venido dando en el Departamento de la Familia, sin que la secretaria Irizarry haya actuado proactivamente para enfrentarlos y buscarles una solución.

Por lo contrario, sus socorridas “justificaciones” y “excusas” constituyen una ofensa adicional a los niños y ancianos ya ofendidos en su medio ambiente. “Justificaciones” y “excusas” inaceptables, como decir: “Eso existía antes de que nosotros llegamos”; “Estamos atendiendo adecuadamente a los menores”; “Tenemos el personal 24/7 trabajando duramente”.

Ésas son las palabras. La realidad es otra cosa: el Departamento de la Familia constituye una absoluta negación de lo que se promete en la exposición de motivos de su ley orgánica: la puesta en marcha de “un programa abarcador y vigoroso de diagnóstico, tratamiento y prevención de los problemas sociales de Puerto Rico, que contribuya a hacer realidad la justicia social que es meta de nuestro Gobierno y aspiración legítima de los puertorriqueños”.

Un cambio en la dirección ejecutiva del departamento podría reencontrar las formas y los procedimientos para que la agencia cumpla con esa aspiración legítima de los puertorriqueños.