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Editorial

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19 de mayo de 2013

BURDA RENUNCIA A PALABRA EMPEÑADA

El incumplimiento de palabra en que ha incurrido la mayoría popular del Senado, renegando de la reforma legislativa prometida, aunque decepciona por su venta al País de “gato por liebre”, está a tiempo de ser subsanado: con acción reparadora en la Cámara de Representantes o con un veto del gobernador Alejandro García Padilla.

De no salir el liderato popular de la cámara baja por los fueros de la credibilidad del actual partido de gobierno en asunto tan trascendente, entonces tendría que ser el gobernador García Padilla quien tendría que reparar el agravio al pueblo, haciendo bueno su reiterado compromiso con una verdadera reforma, negándose a firmar la legislación aprobada en el alto cuerpo legislativo.

Ciertamente decepciona observar al portavoz de la mayoría popular en el Senado, Aníbal José Torres, vanagloriarse de que, por fin, después de tanto buscar, había encontrado una definición para el concepto de “legislador ciudadano”, y explicar que un legislador “lo es 24 horas en una función dual, la función política y la función parlamentaria”, esto es, “es un legislador 24/7”, como apuntó el senador popular Cirilo Tirado. Así, se mantiene el actual legislador a tiempo completo, pero se le cambia el nombre.

Contrario a lo prometido durante la campaña electoral pasada por el Partido Popular Democrático -que además lo incluyó entre sus principales compromisos con el pueblo al que pidió el voto mayoritario para implantar ese programa-, la legislación aprobada mantiene la función legislativa a tiempo y no se aleja de la estructura por la que se han regido los trabajos de la Asamblea Legislativa.

Por lo demás, el proyecto aprobado en las sombras de la noche y con apenas tres senadores de mayoría -Torres, Martín Vargas y Cirilo Tirado- participando en el debate que requería tal pieza legislativa, incumple con otros dos componentes de la reforma legislativa prometida: no elimina la segunda sesión ordinaria actual ni reduce el presupuesto legislativo en un 30 por ciento.

También incumple a medias con el compromiso de una sola compensación a los legisladores por el trabajo que están supuesto a realizar en el Capitolio, al mantener su salario básico anual de $73,000 pero también la autorización para que consigan ingresos adicionales por hasta el 35 por ciento de su compensación anual en fuentes privadas.

La pregunta que se cae de la mata es: si, según la novel definición de un legislador ciudadano es un legislador de 24 horas, es decir, a tiempo completo, ¿a qué horas desempeñará el trabajo adicional que le produzca ingresos que representen el 35 por ciento de su salario como legislador? Pero hay otra pregunta más pertinente: ¿a qué personas, a cuáles empresas representará; a cuáles intereses defenderá para hacerse de esos ingresos extra legislativos? Y otra: ¿cómo hará para apartarse de siquiera una apariencia de conflictos de intereses entre su función pública a tiempo completo y su trabajo extra legislativo?

El Senado le falló el jueves al pueblo de Puerto Rico. También a su jefe político máximo, el gobernador García Padilla. A este último corresponde el desagravio y hacer buena su propia palabra del 12 de noviembre del año pasado cuando sentenció: “No es opción para los legisladores electos del PPD (no aprobar la reforma legislativa prometida)… se ubicarían fuera del partido… se ubicarían en contra del País”.

Si el gobernador acepta como válida esta supuesta reforma, entonces no solo el Senado le habrá fallado al pueblo, sino que el primer mandatario se habrá fallado a sí mismo.

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