COLOMBIA EN UNA APUESTA DE PAZ

El mundo, y no solo Colombia, ha puesto una atención esperanzada, al anuncio del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sobre el acuerdo al que ha llegado su gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), para trazar juntos, a partir del próximo mes de octubre, una hoja de ruta hacia la tan añorada paz.

Las conversaciones comenzarán en Oslo, Noruega, y se desarrollarán en tres fases de compromiso e implicación: exploratoria, de discusiones directas y de implementación. Sobre la mesa diplomática se discutirán cinco puntos fundamentales de común interés para ellos y para todo el continente latinoamericano y caribeño, que de un modo u otro se verá igualmente beneficiado con los resultados de consenso que de allí emanen.

Estos son: el desarrollo rural de Colombia, las garantías para el ejercicio de la oposición política, que las FARC abandonen las armas y se adhieran a la vida civil de Colombia, el combate eficaz del narcotráfico internacional y los derechos inalienables de las víctimas. Son puntos verdaderamente neurálgicos basados en unos mínimos de justicia que permitirán el desarrollo de ulteriores acuerdos.

Aunque es nuestro hemisferio el principal interesado, en realidad es el mundo entero el que necesita que en uno de los lugares donde el conflicto armado se ha instalado como un tumor en el que ya no hay racionalidad posible, se abra con firme determinación y propósito a un nuevo tiempo de posibilidades para la instauración de la paz.

Colombia, por su carácter simbólico dentro del proceso de luchas utópicas de los años sesenta y setenta, puede ser acicate motivador de un proceso paralelo en otros contextos marcados por una historia de conflicto. Puede, igualmente, con su ejemplo, ayudar a la implementación de procesos preventivos basados en el diálogo, que permitan atajar con efectividad democrática el tema de la violencia, antes de que se multipliquen innecesariamente las víctimas o los testigos del horror.

La historia está ahí como maestra y nos ha enseñado de modo contundente que la justicia nunca será verdadera si para implantarse necesita del aval de la sangre y de la violencia. No hay derecho a que las nuevas generaciones tengan que seguir cargando con formas desfasadas de lucha por la justicia. Es tiempo de hacer la nueva historia basada en el cuidado, el diálogo, la negociación, la participación democrática; una historia que, sin desligarse de la justicia, aspire, desde los mismos medios, a la paz.

El Acuerdo General para la Terminación aparece, de hecho, justo en la coyuntura de un cambio de época y de una concertación geopolítica favorable que no se puede desaprovechar. Es trascendental el hecho de que haga presencia voluntad de que el proceso se consolide sin dirigismo extranjero, pero sí con la comunidad internacional como facilitadora y como garante de paz.

En ese marco es realmente loable el esfuerzo del gobierno de Santos por crear condiciones enfocadas en la reconciliación nacional, alejándose del tanteo oportunista que ha viciado tantas oportunidades en el pasado. La promesa del actual presidente de que no se dejará amedrentar por los extremistas y saboteadores, es una premisa fundamental para adelantar en el proceso. También su apuesta, no necesariamente al éxito, sino al deber de conciencia y a la necesidad de vivir con esperanza, ofrece una perspectiva ética ejemplar.

Noruega, Cuba, Chile, Venezuela, Estados Unidos y otros países se han mostrado como colaboradores o, por lo menos, afines al proceso. Nosotros, desde Puerto Rico, país que tiene como tema pendiente una violencia criminal que cada día nos carcome más y más, nos unimos al coro de conciencias atentas y esperanzadas.

Apostamos a que la paz sea universalmente contagiosa.