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Editorial

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16 de noviembre de 2012

CONCERTACIÓN SOCIAL POR LA SEGURIDAD

Por haber surgido de un amplio caudal de investigaciones y experiencias exitosas desarrolladas por numerosas organizaciones en Puerto Rico, el Plan Nacional de Seguridad presentado el martes por la Fundación Agenda Ciudadana merece ser considerado por el gobierno entrante y demás sectores como mapa de ruta en la transformación de la seguridad pública en el País.

La gran fortaleza de este Plan, en el cual sus coautores -representantes de la academia, gremios profesionales, el sector privado y el tercer sector- concertaron metas y acciones específicas para atender el problema de la violencia y la inseguridad pública, radica en que contiene el resultado de décadas de estudios y de iniciativas de base comunitaria generalmente implantadas por separado y con recursos limitados.

En la antesala de un nuevo periodo de gobierno a cargo de un liderato que ha esgrimido el discurso de la participación, las alianzas y la inclusión, este Plan se presenta como aportación y oportunidad para que la palabra empeñada en el fragor político se empiece a traducir en acciones.

Este Plan Nacional de Seguridad ha tenido como modelo la Estrategia Nacional de Seguridad de Chile, que en todas sus etapas contó con la voz, el peritaje y la participación de la ciudadanía. Como en aquella estrategia, el plan recién presentado en Puerto Rico propone una estructura multisectorial encargada de diseñar e implantar, con información confiable, la atención integral a los problemas de crimen y violencia.

El plan se centra en la prevención sin desatender los procesos que siguen a la comisión de un delito. Y va más lejos. Incluye procurar la rehabilitación y reinserción de la población convicta y, en reconocimiento a que se trata de un problema de salud, ofrecerles tratamiento a quienes sufren la adicción a las drogas o al alcohol.

Un sexto eje de este plan, también presente en la estrategia chilena adoptada por la pasada presidenta Michelle Bachelet, es la asistencia a las víctimas del crimen, un sector cuya desatención tiene un alto costo social y económico para el País.

Este plan sin precedentes en Puerto Rico tiene clara su meta: Reducir los indicadores de violencia y lograr que Puerto Rico esté dentro del 10 por ciento de los países más seguros del mundo a través de políticas de prevención, educación estratégica, atención a las necesidades de las familias, descriminalización de la adicción para manejarla como un asunto de salud pública, medicación de la droga, reinserción social de los confinados y confinadas y el desarrollo de modelos económicos alternativos, para lo cual se utilicen medidas de transparencia, rendición de cuentas y respeto pleno de los derechos humanos.

Tal propósito está apoyado en un conjunto de metas que incluyen ampliar los espacios de democracia participativa para que la sociedad participe activamente en el desarrollo y cumplimiento de un plan decenal de seguridad; fortalecer la educación formal e informal en Puerto Rico; disminuir la incidencia criminal en un 25% en cinco años a través de una estrategia nacional; y lograr que en un período de 10 años el 75% o más de la población, amparado en hechos, tenga una percepción de Puerto Rico como un país seguro en el que se vive y se practica la paz.

Se trata de metas que nos apelan a todos los puertorriqueños. Recogen nuestra esperanza colectiva, pero ya no podemos descansar solo en ella. El tiempo ordena echarla a andar.

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