CONTRAPRODUCENTE

La práctica de la Policía de ocupar residenciales públicos como estrategia en la lucha contra el crimen para, pocas semanas después, retirarse de los mismos y suspender la intervención de otras agencias de asistencia social, revela no sólo una política inconsistente, sino que agrava la situación de convivencia de estos sectores desaventajados.

La operación de venta de drogas en los puntos, que según documentan las visitas realizadas por El Nuevo Día a varios residenciales, continúa o se reactiva a pesar del patrullaje y la presencia policíaca, plantea el fracaso de estos enfoques e impone una revisión de las políticas gubernamentales.

El rediseño que demandan las estrategias basadas en la desarticulación de los puntos, que ha demostrado ser de eficacia pasajera, tiene que partir de descartar estas intervenciones que, a fin de cuentas, perpetúan el estigma contra los vecinos de los residenciales y alejan la erradicación de los males sociales como la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades de desarrollo.

Los ejemplos del fracaso de los enfoques reactivos se han venido repitiendo a lo largo de casi veinte años, desde que se estrenó el modelo en 1993, y deberían servir como argumento para un cambio de foco.

Aquellos operativos se abandonaron, -aunque no por razones virtuosas, sino de índole presupuestaria-, lo que impidió afectar de forma prolongada en todos los residenciales clasificados como problemáticos, y con ello se esfumó el plan de intervención social por parte de un conjunto de agencias públicas dirigido a dar apoyo a la comunidad.

Las intervenciones posteriores, a las que se han sumado las agencias federales, aunque crean la impresión de que se están tomando medidas acertadas contra la lucrativa industria ilegal del trasiego de drogas y la violencia en las calles, siguen el mismo modelo del pasado, predeciblemente con los mismos resultados.

Una vez se ha logrado de forma provisional restablecer la “paz” y se esfuma el golpe efectista, irónicamente se reproduce la violencia, pero con la fuerza y virulencia de grupos más jóvenes y agresivos que no se detienen ante nada en la pugna por el control del narcotráfico. Permanecen los puntos y predomina una sensación de decepción y de desperdicio de tiempo, de recursos humanos y de esfuerzos.

Todo ello evidencia que estos operativos no son una solución para el combate contra el crimen, así como también genera la necesidad de poner en práctica alternativas basadas en la integración de los líderes comunitarios de los mismos residenciales como parte de un proyecto abarcador y homogéneo que ataque las raíces de las desventajas que hacen vulnerables a estas comunidades al estancamiento y, en última instancia, a la delincuencia.

Dichos planes deben ser guiados conceptualmente por una visión integrada, humanista y preventiva y éticamente por un respeto a la dignidad de los incontables vecinos intachables de los residenciales. Deben aprovechar para fortalecer el liderato interno en las comunidades, el cual existe y es ejercido sin el apoyo gubernamental y en condiciones de inferioridad de recursos respecto a los grupos criminales.

Las organizaciones de base comunitaria, que están solas en éste esfuerzo que debe ser colectivo, también tienen que ser tomadas en cuenta, así como la integración de la Policía con la comunidad, el darle prioridad a la implantación de programas de prevención y el sustituir la penalización por la medicación de las drogas.

En resumidas cuentas, el enfoque de inclusividad es la ruta a seguir si queremos caminar en la dirección correcta a la hora de proteger del embate de la criminalidad a comunidades sumidas en la indefensión social.