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Editorial

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11 de septiembre de 2012

DEMOCRATIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES

Necesitado de emprender cruciales reformas económicas y sociales que le ayuden a elevar su producción, Puerto Rico tiene el deber de ampliar su oferta educativa para democratizar las oportunidades y ampliar la participación de más sectores, particularmente de los jóvenes, en un gran proyecto de transformación socioeconómica del País.

De ahí la importancia de la recién firmada Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educación Alternativa, que establece la política pública para el fortalecimiento de esta corriente educativa y abre una puerta importante de nuevas oportunidades a miles de jóvenes hoy atrapados en la dependencia, la desidia y la violencia.

Con su firma, el gobernador Luis Fortuño valida los logros de la Alianza para la Educación Alternativa, esfuerzo integrado por cinco organizaciones de base comunitaria, cuya rendición de cuentas sobre la efectividad de sus programas será determinante para robustecer el recién creado estatuto. Les toca ser facilitadores y mantenerse como ejemplo para nuevos centros que, con experiencia probada en el servicio, sumen sus fuerzas para atender a tan vulnerable población.

La nueva ley da cuenta de que por décadas, el mismo sistema educativo ha empujado a muchos a abandonar la escuela. Sus datos confirman que la llamada deserción pudo alcanzar el 20% para el año escolar 2010-2011.

En 2010, se estimó que 46,242 jóvenes entre las edades de 16 a 19 años no estaban matriculados, lo que representó el 19.7% de ese segmento de la población. Se agrega que el 30% de los mayores de 25 años no completa la escuela superior.

El costo social de esta situación tiene innumerables ramificaciones económicas y de seguridad que repercuten en todos. Según el Departamento de Corrección, para finales de 2010 más del 56% de la población penal tenía apenas el undécimo grado o menos. Se sabe que mientras menos escolaridad tiene una persona, tiene menos oportunidades de empleo, lo que la lanza al círculo de la dependencia casi exclusiva de las ayudas gubernamentales, al de supervivencia en la economía informal o, peor, al del narcotráfico.

Durante años, las organizaciones que hoy forman la Alianza -los proyectos Nacer, Nuestra Escuela, PECES, Aspira y Centros Sor Isolina Ferré- han reencaminado a jóvenes con necesidades sociales y educativas especiales a obtener su diploma de escuela superior, a la autogestión y a la autosuficiencia. Algunos han seguido carreras vocacionales o universitarias. Estos proyectos también trabajan con las necesidades personales, sicológicas y familiares de cada joven, lo que los ayuda a transformarse en ciudadanos responsables y productivos.

La efectividad de estos esfuerzos está documentada: una retención recurrente de entre el 95% y el 100% de los estudiantes en 13 centros educativos. Más de 3,000 jóvenes impactados en más de 40 municipios.

Con una asignación recurrente de $12 millones, la nueva ley permite que una buena parte de las energías de estas organizaciones, que antes se diluían en la búsqueda de fondos legislativos cada año, pueden centrarse ahora por completo en su misión de ofrecer oportunidades reales de vida plena a jóvenes quienes, por razones variadas, quedaron rezagados de la corriente educativa regular.

De aquí la trascendencia de la nueva ley que debe ser, sin embargo, un paso en el urgente proceso de transformación integral del sistema educativo.

Con este instrumento nutrido por la experiencia de base de un amplio trabajo multisectorial, tiene el Estado que encaminar un sistema integral que forme seres humanos con un nivel de conocimiento comparable al de egresados de los mejores sistemas educativos del mundo y con un claro sentido de respeto y responsabilidad de servicio a la sociedad.

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