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Editorial de El Nuevo Día |
La pasmosa actitud de desconocer sus propias opiniones por parte del Departamento de Justicia en el caso de la violación de la ley que regula la práctica de la ingeniería, reclama una intervención ejemplar del gobernador Luis Fortuño que valide en el País los principios de ley y orden en la erogación de fondos públicos.
Cinco meses han transcurrido desde el mes de abril, cuando el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, emitió una opinión determinando que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y los gobiernos municipales de Guaynabo y Guayama actuaron ilegalmente al otorgar contratos millonarios a corporaciones regulares para realizar trabajos de inspección de obra pública en proyectos de construcción.
En aquella ocasión, el secretario Somoza Colombani validó los alcances, claros y directos, de la ley 173 de 1988 que rige el ejercicio de la ingeniería en Puerto Rico, la cual dispone que la práctica corporativa de esa profesión sólo es legal y permitida si se ejerce a través de una corporación profesional cuya junta de directores esté compuesta en su totalidad por ingenieros licenciados.
La opinión del funcionario surgió a raíz de una investigación de El Nuevo Día que destapó que ambos municipios y la AFI habían otorgado contratos de ingeniería a la empresa Engineering & Communications Group (E&C), cuyo fundador es el senador Roger Iglesias, para realizar trabajos de supervisión de proyectos de construcción sin ser Iglesias ingeniero licenciado, como ordena la ley y como validó el jefe de Justicia.
Luego se reveló que “JRD Consultants”, una empresa de José (Nía) Rivera Díaz, ex alcalde de Trujillo Alto y padre del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue favorecida con contratos por parte del municipio de Guaynabo para realizar trabajos similares sin que Rivera Díaz tampoco sea ingeniero licenciado.
También se supo que de 133 empresas contratadas por el gobierno para inspeccionar proyectos de construcción, al menos 23 son corporaciones regulares que no están autorizadas en ley para realizar ese tipo de trabajo.
En total, y de lo que se ha sabido hasta ahora, más de $4 millones de fondos públicos se han invertido en esos contratos ilegales.
Cuando emitió su opinión hace cinco meses, el secretario de Justicia sostuvo que la ley 173 busca evitar que personas no autorizadas ejerzan de facto la ingeniería amparándose en una figura corporativa poniendo en riesgo los estándares de calidad que rigen a los profesionales de la ingeniería.
Aunque -como es ya casi norma bajo la secretaría del licenciado Somoza Colombani- la opinión emitida no cumplió el rigor que era de esperarse: renegó de su responsabilidad vicaria y dejó en manos de cada jefe de agencia y alcalde la determinación de exigir o no la devolución de los fondos públicos desembolsados ilegalmente.
Eso, a pesar de que la contralora, Yesmín Valdivieso, ha hecho claro cuando las agencias públicas -entiéndase los municipios también- no pueden desembolsar fondos públicos para pagar contratos declarados nulos o ilegales, por lo cual, si se hizo algún pago -como ocurrió en los casos mencionados- el dinero tiene que ser devuelto al fisco.
El secretario de Justicia -y si no él, el gobernador Fortuño- tiene la obligación, legal y moral, de hacerse acreedor a la función que conlleva su cargo: la defensa de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico.
