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Editorial

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26 de enero de 2013

INTENTO ABSURDO DE CAMBIO DE NOMBRE

La nueva Asamblea Legislativa, dominada por el Partido Popular Democrático (PPD), no parece haber captado aún el mensaje que dio el electorado en las urnas a todos los legisladores, de que el País está harto de que pierdan el tiempo.

Por ello, resulta indignante para la gran mayoría de los ciudadanos tener que ser testigos de la más reciente trivialidad salida de la Legislatura: un proyecto del portavoz de la mayoría popular en la Cámara, Charlie Hernández, para retirarle el nombre del exgobernador Pedro Rosselló al Centro de Convenciones.

Y es que dedicar un solo minuto del precioso tiempo que los senadores y representantes deberían utilizar para adelantar la ambiciosa agenda legislativa que prometió cumplir el PPD a un asunto tan nimio, viene a echar sal sobre la herida abierta de la ausencia de norte que comienza a manifestar la Legislatura en sus primeras dos semanas de sesión. 

En la agenda del PPD destacan asuntos tan urgentes como salvar los Sistemas de Retiro,  la creación de 50,000 empleos, la reformulación del seguro de salud, la revitalización de la economía mediante la adopción de novedosos incentivos, la reforma de la Policía,  la disminución de la criminalidad y el inicio de un plan dirigido a reducir la entrada de drogas a Puerto Rico, aparte de la postergada reforma legislativa sobre la que cada día se escucha menos en el Capitolio.

Son importantes las primeras gestiones del gobernador Alejandro García Padilla hacia la creación de empleos y hacia el inicio de un proceso de reformulación de la salud que, después de análisis y planes pilotos concretos, desemboque en un nuevo sistema de salud enfocado en la prevención y en el acceso de toda la población a los servicios médicos.

Pero, en lo que a las cámaras legislativas se refiere, la principal propuesta por iniciativa privada hasta ahora ha sido la medida de Hernández para borrar el nombre de Rosselló del Centro de Convenciones, con la poco convincente excusa de que no deben ponérseles nombres de personas vivas a instalaciones públicas. Si así fuera, ¿cuántos edificios y vías públicas habría que redenominar?

Ha actuado bien el gobernador García Padilla al anticipar que no firmará tal medida, en caso de que, en una epidémica falta de lucidez, fuera aprobada por las cámaras. Justamente entiende el mandatario que su agenda para el País contiene muchas otras prioridades; pero consignamos nuestro cuestionamiento como un llamado de atención.

En primer lugar, no es correcto insultar de esa manera a un exgobernador, independientemente de lo bueno o lo mano que haya podido hacer, y sin importar los propósitos que pudo haber en el 2010 para que la Legislatura, dominada entonces por el Partido Nuevo Progresista (PNP), optara por denominar así el Centro de Convenciones.

Segundo, consideramos absurda la razón aducida por Hernández, de que no debe dársele el nombre de personas vivas a instalaciones públicas, porque son innumerables las ocasiones en las que la Legislatura ha pasado por encima de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas.

Tercero, no favorecemos una prohibición absoluta a que se denominen edificios y vías públicas con el nombre de una persona viva, porque se trata de un mecanismo útil que debe usarse con prudencia para honrar a ciudadanos que han brillado en uno u otro quehacer.

Lo que no debe hacerse nunca es lo que ha ocurrido en este caso: que se utilice tal mecanismo para nombrar, como también para despojar de su nombre, a una estructura pública con propósitos puramente politiqueros.

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