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Editorial

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22 de septiembre de 2013

LA ANTESALA DE UN DESASTRE AMBIENTAL

Que más de la mitad de la población de Puerto Rico no disponga en sus hogares de conexiones sanitarias adecuadas deviene en una amenaza mayor a la salud pública, por lo que debe darse paso a soluciones rápidas y abarcadoras a ese problema de infraestructura ambiental.

Que más de la mitad de la población de Puerto Rico no disponga en sus hogares de conexiones sanitarias adecuadas deviene en una amenaza mayor a la salud pública, por lo que debe darse paso a soluciones rápidas y abarcadoras a ese problema de infraestructura ambiental.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) acaba de anunciar que recurrirá a los municipios para intentar buscar opciones al serio problema de contaminación con aguas negras que afecta nuestros más importantes embalses y otros cuerpos de agua. El anuncio es la admisión de una incompetencia crasa, no sólo producto de la dejadez de décadas en la AAA, sino, sobre todo, de la corrupción y la anarquía que han caracterizado la planificación del País.

No hay que andarse por las ramas ni eludir los datos, porque en este panorama de potencial contaminación, que repercute en la salud de casi todos los puertorriqueños, resultan afectados no sólo embalses como Carraízo o La Plata, sino incluso esas playas aparentemente cristalinas, que son nuestro mejor gancho turístico.

Cada vez que se produce un período intenso de lluvias y los muestreos en las costas reflejan un alto índice de contaminantes fecales que obliga a declarar determinadas playas insalubres, la causa hay que buscarla en los pozos sépticos mal instalados en áreas rurales y urbanas, en las ilegales conexiones al alcantarillado pluvial o simplemente en la ausencia de un sistema de disposición de las aguas usadas, del que carecen cientos de miles de hogares.

Estremece pensar que, en una isla sobrepoblada como la nuestra, haya tantas comunidades que descargan sus aguas usadas a la calle o al campo, sin ningún tipo de prevención o pozo séptico que las procese. Las estadísticas son devastadoras: el 54 por ciento de la población, lo que equivale a 1.8 millones de habitantes, carece de un sistema sanitario adecuado.

Los problemas que se vienen arrastrando desde el pasado no queda más remedio que atajarlos ahora, antes de que se agraven de manera irreversible. Es lo que proponen el presidente de la AAA, Alberto Lázaro, y el exdirector de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA), Carl Soderberg, quien labora por destaque para Acueductos. Es de gran sensatez, ante un problema de proyecciones tan nefastas, recabar la ayuda del Gobierno central y de las autoridades federales, pero también de los científicos y la academia, de las propias comunidades que están causando el mayor volumen de descargas, y de los alcaldes que han sido conminados a enfocar el asunto en sus respectivos municipios.

En una circunstancia como la que se presenta, no es plausible tirar la toalla o recurrir a posiciones derrotistas, argumentando que la solución es difícil. Ya se sabe que es difícil, y que la topografía del País es compleja; se sabe además que la falta de supervisión y la indolencia de ciertas agencias públicas (Planificación y Recursos Naturales, entre ellas), ahondó el problema y se sabe, en definitiva, que cruzarse de brazos no es opción.

Soderberg ha enumerado varias alternativas. Hay que estudiarlas y atenderlas. Lo que le faltaba a Puerto Rico es que sus acuíferos y playas se conviertan en focos de epidemia. A toda costa, eso deberá impedirse.

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