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Editorial

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9 de abril de 2012

NO ES PERMISIBLE NINGUNA ILEGALIDAD

El acto de amenazar a servidores públicos, sean estos de confianza o carrera, si no participan en actividades político partidistas o hacen donativos de campaña, perpetrado por el alcalde de Vega Baja es una seria infracción a la función pública que merece ser investigada hasta sus últimas consecuencias.

El reciente desvelamiento en la Internet de una grabación donde el alcalde novoprogresista Iván Hernández, le pide a un grupo de empleados municipales que aporten cuotas, vayan a actos políticos, y los amenaza de que si no participan “yo en tranquilidad le voy a cortar la cabeza al que sea” requiere que el Departamento de Justicia investigue el incidente como una práctica a todas luces ilegal dentro de nuestro ordenamiento político.

La andanada de Hernández expresada en un lenguaje burdo, violento e impropio de un funcionario público es altamente reprochable, y diversas disposiciones del Código Penal, el Código Electoral, la Ley de Ética Gubernamental, entre otros estatutos, expresamente prohíben el uso de empleados públicos para trabajos de campañas electorales. Ante la ley, la mera amenaza de la pérdida del empleo de no hacerlo constituye una violación de derechos civiles.

De hecho, en 1997 la entonces contralora, Ileana Colón Carlo, hizo varios referidos a Justicia para la designación de Fiscales Especiales Independientes (FEI) para alcaldes a quienes se les imputaba haber usado fondos y empleados públicos para trabajos de campaña, algunos de los cuales progresaron en los tribunales.

Y tan reciente como el año pasado el alcalde de Cidra, Ángel Luis Malavé, fue acusado de siete cargos de malversación de fondos públicos, entre estos uno por violación al Artículo 255 del Código Penal por el uso de dinero del erario, empleados y/o materiales municipales para su campaña electoral en el 2008.

Entendemos que Justicia no puede escudarse en el tecnicismo que tradicionalmente aduce cuando surgen denuncias públicas de supuestos actos ilegales de funcionarios públicos de que tiene que tener ante sí una querella para iniciar la investigación, puesto que en este caso hay admisión de culpa del propio Hernández cuando se disculpó por las amenazas a través de un programa radial.

Si el propio alcalde reconoció que era él el de la grabación, ¿qué espera Justicia para investigar este asunto? Al andar con paños tibios, Justicia envía el equivocado mensaje de que el uso de empleados públicos en campañas electorales es aceptable y que los funcionarios que así lo exigen tienen luz verde para hacerlo.

Pero así como Justicia y otras agencias llamadas a velar por el buen funcionamiento de la gerencia y ética gubernamental deben intervenir, el Partido Nuevo Progresista (PNP) viene obligado también a asumir una postura de cero tolerancia a este tipo de infracción a la función pública.

En vez de tomar el asunto a la ligera calificándolo, como lo han hecho líderes de la colectividad, de “error”, “novatada” o “una imprudencia”, el PNP debe exigirle cuentas a Hernández y aplicar las sanciones que correspondan de acuerdo a los reglamentos del partido. Nuevamente, ante la admisión del alcalde, en este caso tampoco tiene que haber un planteamiento formal para que el partido atienda el asunto como señaló el director de campaña del PNP, Ángel Cintrón.

Hernández vino a sustituir en la alcaldía al corrupto Edgar Santana, convicto y sentenciado a 18 años de cárcel por soborno a contratistas municipales, y debería estar dando el ejemplo de que la ilegalidad no es permisible en Vega Baja ni en ningún otro lugar de nuestro servicio público.

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