OFENSIVA HACIA LOS ESTORBOS PÚBLICOS

Resulta necesaria la Ley 31 al apoderar a los municipios para que puedan lidiar eficazmente con el problema de los estorbos públicos. Pero sus disposiciones deben seguirse sin prejuicios, para que su ejecución conlleve una mejor calidad de vida y no el desplazamiento de comunidades que sufran altos niveles de marginación.

Esta ley de iniciativa cameral, recién firmada por el gobernador Luis Fortuño, provee mecanismos para viabilizar la restauración de las comunidades de todas las clases sociales, cada vez más afectadas por un número ingente de propiedades abandonadas. Los municipios podrán, gracias a ella, expropiar, demoler e incluso transferir con el propósito de su rehabilitación inmediata.

Por cualquier comunidad en Puerto Rico, no importa el nivel social, es cotidiano ver cómo el escenario más hermoso queda terriblemente afeado por estructuras abandonadas tanto residenciales y comerciales, como por solares completamente dejados a su suerte o por vehículos estacionados a perpetuidad en las vías de tránsito peatonal. El mayor número de propiedades que caben bajo el concepto de “estorbo público”, son en un 80% viviendas, ubicadas en entornos densamente poblados.

Este escenario de dejadez, totalmente improcedente, tiene repercusiones negativas a muchos niveles, desde el impacto sobre la autoestima de las mismas comunidades, sobre nuestra imagen de cara al turismo y en la misma depreciación que se verifica en la tasación de las propiedades circunvecinas.

Lo peor es que, más allá de lo estético, estas estructuras son un factor de peligro para residentes y transeúntes, al convertirse, a tono con su aspecto, en los focos privilegiados de los más variados actos delictivos: robo, prostitución, drogas, arsenales de armas y un largo etcétera de fundadas preocupaciones vecinales.

No menos importante es el factor higiénico y de salubridad. Estos lugares se van convirtiendo poco a poco en refugio de alimañas y sabandijas, en focos de aguas estancadas, en auténticos basureros permanentes que afectan la salud del entorno. Como podemos ver, estamos ante un asunto que merecía atención y corrección.

Si bien no hay registros oficiales que nos permitan lanzar números exactos, lo cierto es que gran parte de los alcaldes han indicado que este problema va en aumento. Los ojos de la ciudadanía tampoco se prestan a engaño.

El panorama es evidente, aunque las causas no lo son tanto. Fruto de la recesión económica hemos visto cerrar negocios, casas y hasta detener proyectos de desarrollo que van quedando poco a poco a merced de los estragos implacables del tiempo. La situación pertenece también al devenir de la vida misma sometida naturalmente a los cambios de residencia, muertes, problemas de herencias, entre otras causas.

Pero tampoco hay que quitar que hay gente que simplemente no cumple, por negligencia crasa, con sus obligaciones de mantener en buen estado una propiedad que actualmente no habita y que deja que se convierta en una pesadilla para la comunidad a la que pertenece.

Hasta ahora los procesos para atender este problema eran excesivamente complicados a nivel legal, incluso para los mismos alcaldes. Urgía la fuerza y la agilidad que ofrece oportunamente la nueva ley. Ahora corresponde hacerla cumplir cabalmente.

Que nada empañe impunemente la belleza, la salud, el valor y la seguridad de nuestro entorno. Los estorbos públicos son intolerables, por el simple hecho de que las comunidades tienen derecho a la calidad de vida y a permanecer donde se han desarrollado con adecuada seguridad.