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Editorial

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13 de noviembre de 2012

OTRA HERIDA A LA FAMILIA DE CÁCERES

Carece, cuando menos, de validez moral la determinación del Departamento de Justicia de denegar a los tres policías responsabilizados civilmente por la muerte de Miguel Cáceres el beneficio de la Ley 9, que cubre los costos judiciales y el pago de la sentencia, porque dichos funcionarios violaron intencionalmente las reglas y ya no son miembros de la Uniformada.

La negativa de Justicia a asumir la responsabilidad obvia del Estado en el asesinato del ciudadano Cáceres en 2007 impone un nuevo castigo a los familiares del humacaeño víctima inocente de la Policía, pues en la práctica tiende a anular la histórica compensación de $11.5 millones que un jurado acaba de otorgarles.

La posición del Estado, de que los tres policías deberán responder de sus propios bolsillos, anula en verdad esa compensación porque los ex agentes no tendrían recursos para pagarla.

Lo cierto es que el asesinato de Cáceres a manos del policía Javier Pagán Cruz, en presencia de los agentes Carlos Sustache y Zulma Díaz, fue consecuencia directa de la mala supervisión de sus superiores, incluido el entonces superintendente Pedro Toledo, a quienes el Departamento de Justicia consiguió sacar del pleito civil incoado por los familiares de la víctima.

El agente Pagán Cruz, quien cumple condena de 99 años de prisión por disparar contra Cáceres mientras el ciudadano estaba sometido a la obediencia en el suelo, tenía un claro historial de violaciones al reglamento de la Uniformada que le habían valido apenas una amonestación, a pesar de que merecía la expulsión. Era una bomba de tiempo, descrita en su expediente de conducta, que finalmente estalló.

Los otros dos agentes, aunque fueron expulsados de la Policía, fueron absueltos de los cargos de asesinato en la ahora derogada modalidad de cooperación.

Esperamos que tenga éxito la apelación que se propone llevar la abogada de la familia Cáceres, Judith Berkan, para que se restituya en el pleito al ex superintendente y otros cuatro oficiales superiores de la Uniformada y se obligue al Estado a pagar la compensación otorgada en el veredicto.

El resultado de este pleito civil revive la urgencia de que la Policía cumpla finalmente con las reformas que exigió, en un detallado informe publicado hace 14 meses, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal.

La administración del gobernador Luis Fortuño, que ha invertido al menos $5 millones en tratar de frenar las intenciones federales de obligar judicialmente a la Policía a llevar a cabo las reformas, ha abogado por un memorando de entendimiento administrativo que, sin embargo, aún no se ha firmado. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó el verano pasado a la Policía para obligarla a implantar recomendaciones de un informe del organismo que denunció altos niveles de violencia en la Uniformada.

El informe federal, en tanto, determinó que la propia Policía de Puerto Rico ha generado una crisis de derechos civiles debido a los casos de brutalidad policíaca -como el de Cáceres-, discriminación contra minorías, desatención de la violencia doméstica, ausencia de transparencia y corrupción.

Corresponderá, según parece, a la próxima administración del gobernador electo Alejandro García Padilla enfrentar esa demanda de reforma policial y completar los acuerdos con Justicia federal para hacer de nuestra Policía un cuerpo respetuoso de los derechos civiles de todos los ciudadanos.

Ante el cuadro descrito, el gobierno saliente debe revaluar su negativa a brindar los remedios de la Ley 9. No hacerlo, sería asestarle otro golpe y otra herida de gravedad a la familia del ciudadano vilmente asesinado en Las Piedras a manos de un uniformado.

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