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Editorial de El Nuevo Día |
El compromiso de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, de proveer a Puerto Rico más y mejores herramientas a nivel federal para la lucha de la Policía contra el crimen, es un logro importante, pero no debe verse como la solución definitiva a la crisis de seguridad que enfrenta el País.
Tiene que asumirse, sin embargo como un elemento esencial que requiere complementarse con educación, empleo, salud y bienestar social para los ciudadanos, reduciendo o eliminando desigualdades que sirven de caldo de cultivo a la criminalidad.
De manera específica, el anuncio de Napolitano ayuda los esfuerzos de la administración del gobernador Luis Fortuño, liderados en Washington por el comisionado residente Pedro Pierluisi, a pesar de que la alta funcionaria federal dijo que no conocía su propuesta de implantar una Iniciativa de la Frontera del Caribe.
Pero, como le dijo Fortuño a El Nuevo Día en Williamsburg, Virginia, la promesa de Napolitano de poner en vigor medidas que no especificó para “neutralizar” la fuente del problema de criminalidad que sufre el País, significa que el Gobierno federal está prestando atención a la alta incidencia criminal en Puerto Rico, provocada en gran medida por el tráfico de drogas.
El compromiso federal, alcanzado durante cuatro días de reuniones entre funcionarios federales y locales la semana pasada en San Juan, se traduciría en acuerdos tales como el reemplazo inmediato del aerostato de Lajas, aviones y embarcaciones adicionales para los guardacostas y el Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza, más destaques de agentes y ayuda a la Policía con tecnología e inteligencia, según se reportó al término del cónclave.
Los funcionarios federales recibieron durante su visita información detallada de casos pendientes en el Tribunal federal y se sorprendieron con el dato que les ofreció la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez de que hay 23 casos elegibles a ser certificados para pena de muerte, la mitad del número pendiente en los 50 estados.
Lo que no recibieron, según expertos que analizaron los encuentros realizados, fue información sobre las causas principales del deterioro social, como son la pobreza, la deserción escolar, la ausencia de prevención en la atención de la salud, el maltrato infantil y la violencia de género.
La visita federal coincidió con la versión de reforma de la Policía que anunció el superintendente Héctor Pesquera, un plan que hemos sugerido a la ciudadanía que permita que se desarrolle y demuestre si mejorará la situación.
De ese mismo modo vemos el compromiso federal expresado por Napolitano en una extensa entrevista con este diario, publicada el sábado.
Pero, como un acto de responsabilidad, es necesario esperar a conocer los detalles de la estrategia, que la secretaria de Seguridad Interna se reservó, para poder evaluar cómo va resultando su aplicación.
No obstante, es imperativo recalcarle al Gobierno de Puerto Rico que no puede descansar únicamente en la asistencia federal para combatir efectivamente el fenómeno de la criminalidad.
Como hemos repetido y seguiremos repitiendo, es necesario y urgente atacar la pobreza, crear empleos, educar contra el maltrato y la violencia doméstica, respetar los derechos ciudadanos y escuchar las voces de tantos puertorriqueños que, como en el proyecto Agenda Ciudadana, han presentado ideas valiosas y ofrecido su colaboración para que juntos logremos el desarrollo económico y social que garantice calidad de vida y el derecho a la seguridad de esta generación y las siguientes.
