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Editorial de El Nuevo Día |
La idea de la eliminación definitiva del proyecto Vía Verde, lanzada por el propio gobernador Luis Fortuño con sus dudas confesas sobre la viabilidad del gasoducto, debe ser entendida como oportunidad para un debate gubernamental y multisectorial que, lejos de intereses partidistas, sirva para elaborar un plan integral de reforma energética.
Una de las banderas características que identificarán históricamente a la actual Administración ha sido precisamente Vía Verde, que tenía todo el potencial de generar una atracción espontánea, pues en medio de la gran crisis ecológica planetaria se profesaba nada menos que en la utilización del gas natural como medida de transición hacia las fuentes de energía renovable. Con esto plantaba reducir a corto plazo el uso del petróleo, tan dañino al medio ambiente, y el hoy altísimo costo de la energía eléctrica.
Pero, a pesar de todo el despliegue publicitario, el proyecto nunca convenció al País, porque al estudiarse detenidamente su propuesta real, ella misma fue mostrando debilidades, incongruencias e, incluso, posibilidades de generar un efecto contrario, es decir, un impacto totalmente contraproducente y adverso para el ambiente, la economía, la seguridad, la calidad de vida y la estabilidad de las comunidades.
Todo ello debe servir de lección a cualquier gobierno en su ejercicio ministerial de formulación de propuestas. No se pueden encaminar proyectos al margen de la contribución específica de la ciencia, ni al margen de los derechos y de la participación de las comunidades, ni tampoco al margen de la protección sensata de nuestra biodiversidad, la verdadera casa común de todos.
El error más grave de todo este proceso no es en materia de intención, pues la búsqueda de caminos hacia una verdadera reforma energética es compartida por todos.
El problema fue el aferramiento a estilos impositivos que, en un proyecto complejo y peligroso, se han opuesto al aporte continuo e independiente de los científicos, a la inclusión de las comunidades impactadas y a la transparencia inequívoca que permite la abierta fiscalización en beneficio directo de tan importante objetivo.
El mollero de la superioridad gubernamental no es el camino de la democracia participativa que tanto se está exigiendo con plenitud de derecho.
Es hora de despertar a un nuevo tiempo de la participación responsable desde la diversidad de talentos, para que las metas sean tan auténticas y saludables como los caminos para llegar a ellas.
A causa de no darle prioridad a la planificación seria, tristemente se han derrochado unos $30 millones tan sólo en contratos de diseño, promoción y cabildeo, o en lo que es lo mismo, para forzar un camino a espaldas de la participación multisectorial.
Es un signo importante: nadie se va a convencer a través de la presión, del despliegue de permisos o mediante la repetición compulsiva de una idea, sino a través de la participación directa, de la argumentación inteligente y del espíritu de consenso.
Todavía queda un largo trecho por recorrer. La crisis es todavía un hecho y la necesidad de una reforma un imperativo categórico.
La Asamblea Legislativa aprobó este año dos leyes destinadas a propiciar el desarrollo de fuentes de energía alternas (las leyes 82 y 83). Además se creó un Fondo de Energía Verde para conceder incentivos basados en la capacidad de generación de energía renovable.
Estas propuestas legislativas, así como el mismo fracaso del gasoducto, dejan algo meridianamente claro: un reforma energética inteligente desde el apoyo multisectorial es más necesaria que nunca.
