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Editorial de El Nuevo Día |
El escándalo de subvención con fondos públicos de las operaciones del periódico El Vocero revela un esquema de marca mayor de conflicto de intereses, irresponsabilidad contributiva, mal manejo de fondos y otras potenciales violaciones de ley, cuyo efecto principal es minar columnas de nuestra democracia, como son la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Por eso, más que reacciones insulsas dirigidas a desviar la atención de un asunto tan grave, El Vocero y su empresa matriz, la Caribbean International News Corporation (CINC), tienen que responderle al País todas las interrogantes que necesariamente surgen tras la investigación de El Nuevo Día, publicada desde ayer, que revela la existencia de un bochornoso patrón de financiamiento de esta operación mediática privada con dinero de los contribuyentes. Inescapablemente tienen que responder, y explicar muy bien, sobre todo cuando nos colocamos a días de unos comicios generales.
En un momento como este, y siempre, es vital un clima de transparencia total en el que ni el Estado ni el partido que lo gobierne puedan valerse de los recursos públicos para favorecer medios que los ensalcen, ni para castigar medios que, en honor a la ética y siguiendo los dictados de su independencia editorial, los critiquen.
Creemos firmemente en el derecho de todo medio a sostener la línea editorial que entienda. Lo que no es tolerable por ser un acto impropio, es que ningún medio, impulse o no una agenda política o ideológica, financie con fondos públicos su operación particular.
De manera que lo que, como un acto de responsabilidad ética, ha puesto en blanco y negro El Nuevo Día y que se publica desde ayer, está respaldado por documentos e información pública, que identifican las estructuras empresariales astutamente creadas para sostener con dinero de los contribuyentes a la matriz de El Vocero.
Esta investigación periodística revela que dicha corporación privada ha recibido la inyección de casi $25 millones de fondos públicos mediante un esquema de incorporación de nuevas entidades que le permiten evadir o burlar obligaciones económicas, legales y laborales.
Este flujo de dinero se ha producido con el consentimiento del Gobierno y teniendo esta empresa una deuda con el Departamento de Hacienda por más de $21.1 millones, lo que era de por sí razón legal suficiente para frenar cualquier préstamo, subsidio o relación contractual con el Estado.
Se trata de dinero tanto estatal como federal asignado para la creación de empleos, pero que apunta a un desvío para cubrir gastos operacionales.
De hecho, las imputaciones de pasos turbios para no cumplir con sus compromisos, las hace a El Vocero un juez de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo de Estados Unidos en una determinación emitida específicamente el 24 de septiembre del 2010, como parte de un caso llevado a su consideración por la Unión de Periodistas Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA), representante laboral de los empleados del rotativo.
Como parte de esta incursión económica gubernamental en un medio de comunicación, surgen entonces serias amenazas a principios básicos de la democracia, como son la libertad de prensa, la independencia editorial y el derecho de los ciudadanos a gozar de una prensa que opere sin cortapisas, sin censura previa y sin intimidación.
Queda expuesta la evidencia sobre un esquema que rinde un flaco servicio al periodismo. Por ello nos reafirmamos en que El Vocero tiene que responder todas las preguntas que se hace el País sobre el mayúsculo escándalo que dicho periódico protagoniza.
