que sea el inicio de la austeridad real

La derogación de los aumentos salariales automáticos a los legisladores constituyó un paso de rectificación por parte de éstos que debería servir para abrir camino a otros reajustes, como la revocación del andamiaje de excesos fiscales y de privilegios que predomina desde hace décadas en el Poder Legislativo.

La aprobación con el voto unánime de los legisladores de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático -aunque producto de una acción reactiva a la fiscalización El Nuevo Día y Primera Hora y a un sostenido reclamo público- permite, sin embargo, abrigar la esperanza de una actitud positiva de los integrantes de ambos cuerpos sobre un futuro sistema legislativo de compensaciones que se corresponda con una verificación de la productividad.

Con la decisión adoptada por la Legislatura, y convertida en ley por el gobernador Luis Fortuño, el salario de los representantes y senadores continuará al nivel de 2005, cuando se aprobó un alza automática al inicio de cada cuatrienio mediante una fórmula sujeta al índice del costo de vida determinado por la Junta de Planificación. Con una inflación del 2.5 por ciento anual que se reflejó durante el cuatrienio, los legisladores hubieran visto un aumento en sus salarios, de $8,000 anuales, es decir, de los actuales $73,000 a $81,000.

Aunque la ley que hubiera aumentado el salario de los legisladores se había congelado durante el cuatrienio, para que la congelación permaneciera era de rigor la aprobación de la medida votada el lunes pasado.

Pese a que desde enero de 2009 había un proyecto para eliminar de raíz el sistema automático de los aumentos -presentado por la senadora popular Sila Mari González- la propuesta había pasado inadvertida en una acción culposa de parte de legisladores de los dos partidos con representación en el Capitolio, a excepción, desde luego, de la senadora autora del proyecto.

Aprobada el lunes en la sesión extraordinaria convocada por el gobernador Fortuño exclusivamente para atender la medida, el sueldo de los legisladores se mantendrá al nivel de 2005, es decir, en los $73,000 anuales; en $84,800 el de los portavoces de ambos partidos y presidentes de algunas comisiones, y unos $100,000 el de los presidentes de ambos cuerpos.

A esa compensación básica se agregan los cerca de $30,000 anuales que en promedio recibe cada legislador por concepto de dietas -respecto a las que una y otra vez hemos insistido en que se trata de un incentivo por asistir a un trabajo por el que ya se les paga- más un estipendio de transportación de hasta $17,520 anuales, a razón de unos $1,460 mensuales.

En suma, la compensación que reciben los integrantes del Poder Legislativo del país supera al menos el que reciben sus pares en varios estados, incluyendo el de Illinois, con 12.8 millones de habitantes.

De ahí el imperativo de que el paso dado el lunes pasado en la dirección correcta, genere en la próxima legislatura un proceso de reflexión centrado en la realidad salarial del trabajador puertorriqueño, cuya paga media apenas alcanza los $27,190 anuales, según los más recientes cómputos del Departamento del Trabajo federal.

Esa reflexión debería estar enfocada además en un ejercicio mental que haga comprender a los legisladores la urgente necesidad de reparar su lacerada imagen, consecuencia de los extravíos que se han dado por largos años en la sede del Poder Legislativo, incluyendo beneficios excesivos y abusivos privilegios.