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Editorial

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15 de noviembre de 2012

RESCATE PRUDENTE DE LA UNIVERSIDAD

La administración del gobernador electo Alejandro García Padilla tendrá que actuar con suma cautela en lo que respecta a la Universidad de Puerto Rico (UPR), dando cumplimiento a las promesas de restablecimiento de los recursos y previniendo cualquier política que pueda vulnerar la autonomía que se ha comprometido a devolverle nuestro principal centro docente.

El reto del nuevo liderato del País con la UPR es más sensitivo aun, al tratarse asimismo de una de las instituciones que más sintieron en sus fueros la violencia partidista y el intervencionismo gubernamental. Además de restablecer la autonomía universitaria, García Padilla prometió revocar la cuota estudiantil de $400 por semestre y restituirle a la institución los fondos que dejó de recibir este cuatrienio como consecuencia de leyes fiscales aprobadas por la administración del gobernador saliente Luis Fortuño.

Si quiere viabilizar los cambios que la propia comunidad universitaria reclama, García Padilla tendrá que intervenir principalmente mediante legislación que revierta las medidas vigentes que han puesto en jaque la acreditación misma de una serie de programas de la Universidad, y han creado un estado de fragilidad fiscal que pone en peligro la institución.

Algunos miembros de la comunidad universitaria, como el exdecano de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras, profesor Carlos Severino, creen que la nueva administración podría estar interviniendo indebidamente en los procesos de la UPR, igual que antes lo hizo partidistamente la saliente.

Pero otros, como el exrector de Río Piedras Juan R. Fernández, entienden que se requiere intervenir para ayudar a retomar el rumbo institucional tras la “falta de respeto” en que incurrió el gobierno actual, que se visualizaba “no solo con un dirigismo político, sino político-partidista”.

Un asunto neurálgico que deberá enfrentar García Padilla es el de la Junta de Síndicos, integrada por una mayoría de designados por Fortuño cuyos términos se extienden más allá del cuatrienio a punto de comenzar.

Estipulamos que no se trata necesariamente de removerlos de sus puestos o que renuncien, sino más bien de que actúen de acuerdo a la visión de que los asuntos universitarios se diriman en la comunidad universitaria, por los universitarios y para favorecer a la Universidad.

No obstante, compartimos el señalamiento del profesor Jorge Benítez, de la Escuela Graduada de Política Social, de que es necesario hacer cambios en la Junta de Síndicos para poder viabilizar esa visión.

Por ello, preocupa que el presidente de la Junta de Síndicos, Luis Berríos Amadeo, y el síndico y expresidente de la UPR Norman Maldonado no se hayan querido comprometer a respetar esa nueva visión, lo que hace temer el regreso de tiempos tormentosos a la UPR.

Confiamos en que el gobernador electo se mantenga firme en sus promesas relacionadas con la UPR, pero abogamos porque los cambios se realicen en un ambiente de paz y de respeto, en el que sea la voluntad de la comunidad universitaria la que dicte las pautas; y que sea el consenso el que determine quiénes deben regir los destinos de nuestro primer centro docente.

No puede ser el mollero de unos síndicos antojados en mantenerse al mando lo que prevalezca, sino la razón de los estudiantes que quieren recibir educación de calidad y a su alcance; de los profesores que quieren retar intelectualmente a sus alumnos, y de los empleados que quieren mantener la institución en condiciones óptimas para el estudio y el trabajo.

El que no entienda ese mensaje, sobra en la UPR.

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