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Editorial de El Nuevo Día |
El deplorable estado en que se encuentran las oficinas del Programa de Prevención del Dengue, epítome de una actitud indolente del Departamento de Salud en los esfuerzos de prevención de esta endémica enfermedad, requiere acción correctiva inmediata.
Es imperioso comenzar atendiendo las condiciones tercermundistas en las que laboran los empleados del Programa de Prevención de Dengue, en Puerto Nuevo, donde una inspección ocular de El Nuevo Día encontró agua empozada -fuente de hervidero del mosquito que transmite el dengue- así como evidencia de comején, roedores, filtraciones, problemas de electricidad, falta de acondicionadores de aire y abundante maleza.
Ante condiciones tan nefastas en las que tiene que laborar el puñado de empleados que queda para atender las querellas y casos que surjan en los 17 municipios que componen las regiones de Bayamón y San Juan Metro, es altamente improbable que Salud esté cumpliendo cabalmente con los aspectos de prevención de la enfermedad, especialmente ahora que se acerca el período alto de transmisión.
Y más cuando el Programa de Salud Ambiental de Salud, responsable por el control del dengue, ha tenido una reducción presupuestaria de 45%, en los últimos tres años.
Abona a esta preocupación el atraso de seis semanas de Salud en la divulgación de los datos más recientes sobre el contagio del virus, en momentos en que portavoces de la comunidad médica están advirtiendo que se percibe un aumento de casos de dengue, particularmente, en las últimas tres semanas.
Datos extraoficiales obtenidos por este diario revelan que al 27 de julio se habían reportado 2,701 casos sospechosos, 736 más que los reportados hasta la misma fecha del año pasado. Y, según los datos del reporte más reciente del CDC, ya se han confirmado 11 casos de dengue hemorrágico, la manifestación más severa del virus.
El hecho de que, hasta ahora, ninguno de los casos haya tenido un desenlace fatal, como sostuvo el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, en una entrevista radial, no puede servir de excusa para que la agencia sea laxa en los esfuerzos de combatir el dengue en la Isla, como tampoco para la existencia de la carcomida oficina del Programa de Prevención.
Irónico es por demás que estemos en esta paradoja a dos meses de haber trascendido un singular estudio de los Institutos Schneider de Políticas de Salud de la prestigiosa Universidad de Brandeis, en Massachusetts, que urgía al gobierno a poner más esfuerzos en la fase de prevención y educación del dengue que en atender el problema durante el período alto de transmisión.
Así que el problema no se resuelve meramente con acciones simplonas como “cortar unas matitas”, ponerle una capa de pintura nueva e instalar acondicionadores de aire a las oficinas del Programa de Prevención, en Puerto Nuevo, que muy bien se necesitan.
Salud tiene que ponerse las pilas proveyendo datos puntuales y demostrándole al País que maneja un programa de prevención funcional y eficiente; dos de las principales vías que hay que mantener abiertas para no caer en una epidemia declarada de imprevisibles consecuencias.
Reiteramos que el lastre económico y la pérdida de vidas a consecuencia del dengue en la Isla, cuantificados en $46.45 millones anuales, imponen al titular de Salud y todos aquellos responsables de establecer política pública en materia de salud un cambio de mentalidad para asegurar que los recursos humanos y fiscales se utilicen en prevenir la propagación del dengue, no en insustanciales justificaciones.
