SIN MIRAMIENTOS CON RIVERA GUERRA

Las más recientes implicaciones del representante José Luis Rivera Guerra en un esquema de corrupción, que abulta su voluminoso expediente de desprecio a leyes y reglamentos, obligan a la presidenta de la Cámara a asumir una posición firme y ejemplarizante en torno a la presencia del legislador en el ente cameral.

Parecería que se ara en el desierto al instar a la “speaker” Jenniffer González a dejar de un lado ambivalencias -que por lo demás no se corresponden con su tradición de decisiones difíciles ni con su deber vicario de velar por el decoro de cada miembro del cuerpo legislativo-, una vez que, con aturdimiento, se toma nota de sus declaraciones que restan credibilidad a la defensa del legislador en torno al nuevo capítulo de su historial como “servidor público”, pero a la vez negándose a ordenar que se le vuelva a investigar. La presidenta insiste en dejar ese trabajo sólo al Departamento de Justicia.

La pregunta se cae de la mata: ¿no es raro observar a la copresidenta del Poder Legislativo renunciando a su tan socorrido discurso de exigencia de respeto a la separación de poderes, abjurando ahora de ese reclamo legítimo, aparentemente para no enfrentar nuevamente a un legislador sorpresivamente exonerado en una investigación anterior?

Como el cuento del árbol que nace torcido y es difícil enderezar, a los anteriores enredos comprobados del representante Rivera Guerra –uso ilegal de agua potable y energía eléctrica, falta de pagos por servicios esenciales y de contribuciones a agencias públicas incluyendo el CRIM y construcción de una residencia sin permiso oficial- se agregan ahora dos hojas adicionales: el “pago” de la construcción de la piscina de su residencia con el compromiso de gestionar al contratista un préstamo por $174,000 al Banco de Desarrollo Económico para ampliar su negocio, y la denuncia de estar influenciando en la aprobación de un proyecto de ley que aumentaría las escalas salariales de los tecnólogos médicos, de cuyo colegio es presidente electo su tío Samuel Rivera Castro y además dueño del contador que suplía electricidad a la residencia del legislador.

El decir la speaker: “No estoy conforme con las expresiones (defensivas) del legislador”, no basta. Está obligada actuar proactivamente.

Desde luego, que sobre su ánimo, que no es excusa, podría estar pesando lo precipitado de la exoneración del representante por la Comisión de Ética presidida por la representante Liza Fernández, autora del conocido “toallazo” al legislador y compañero de cámara.

Desde la perspectiva del pueblo, seguramente que podría tomarse con recelo si una nueva pesquisa contra Rivera Guerra tuviera los mismos resultados, caso de realizarse por la misma comisión, cuya decisión anterior declaró a sus miembros de la mayoría, absolutamente indigentes de credibilidad y honestidad intelectual.

Reconociendo lo anterior -sin justificarlo tampoco- reconocemos también que de la manera en que está estructurado el sistema, es menester someterse al proceso que dispone el reglamento de la Cámara de Representantes.

Lo que no implica que al referirse nuevamente al representante Rivera Guerra a la desprestigiada Comisión de Ética, la “speaker” y los miembros de la mayoría en esa comisión salgan por los fueros de la ética, la honorabilidad y el respeto al pueblo y a sí mismos, conduciendo un proceso que libre al País de la presencia del representante Rivera Guerra que menoscaba la dignidad exigible a la Casa de las Leyes.