SITUACIÓN LETAL Una POLICÍA EN NEGACIÓn

El informe de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sobre la Policía de Puerto Rico, representa otra contundente señal para que el Gobierno reconozca el problema de conducta violenta entre sus agentes y afronte las medidas correctivas que demanda la compleja situación.

Porque afrontar una crisis de violencia, como la que sufre Puerto Rico, descansando en gran medida en una fuerza policial señalada por problemas de exceso de fuerza y violación de derechos civiles, constituye un escenario complicado, más peligroso y doblemente injusto con el País.

Debe actuarse con medidas correctivas reales; medidas que a la opinión pública no le consta que se hayan emprendido, desde el informe del año pasado de Justicia federal, cuya advertencia incluye incluso una sindicatura si no hay cambios tangibles en la Uniformada.

Igual que los del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los señalamientos de la ACLU están debidamente documentados, y uno de los datos más inquietantes es el que revela que entre 2010 y 2011 en la Isla ocurrieron, en proporción, tres veces más muertes a manos de agentes policiales que en la ciudad de Nueva York.

Otra circunstancia que dice mucho de la inacción en que está sumida la Policía, es que ocho de los casos de brutalidad o excesos investigados por ACLU ocurrieron después de que la División de Derechos Civiles de Justicia federal, emitiera su informe demoledor en septiembre de 2011.

En aquel informe se especificaba claramente que la Policía de Puerto Rico adolecía de falta de dirección en la aplicación de la fuerza; de uso irrazonable de fuerza dirigida a suprimir el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda, así como registros e incautaciones ilegales en violación de la Cuarta Enmienda. También se referían al “asombroso” nivel de corrupción dentro de la Uniformada; a la subcultura violenta y a la deficiente disciplina. Aquel informe hacía hincapié en la falta de adiestramiento y la pobre supervisión de estándares para los agentes.

Desde entonces hemos tenido suficientes muestras de que no hay intención ni voluntad de acometer un verdadero cambio estructural, filosófico y operativo en la Policía.

Los hechos que han estremecido en semanas recientes a la División de Drogas de San Juan, con presuntas violaciones a los derechos de los ciudadanos y desaparición de armas y drogas incautadas, ponen de manifiesto que existe una crisis, con erupciones esporádicas en un sentido u otro.

De nada vale reaccionar, a veces de manera improvisada, ante un suceso de dimensiones escandalosas (como el de la propia División de Drogas), si no se trabaja de manera integral en una transformación profunda de los conceptos de seguridad.

Para colmo, poco se fomenta el cambio en la mentalidad y la moral de los miembros de la Policía, cuando el propio superintendente, Héctor Pesquera, asume una actitud de intransigencia y negación, al restarle legitimidad al informe de UCLA y declarar que sus señalamientos son “incorrectos e irresponsables”.

Más aún, en lugar de prometer que evaluará el documento y que estará en disposición de discutirlo, se limita a sugerir que hay “una agenda”, presumiblemente política.

Ya anteriormente, al reconocer que los patrones de violación de los derechos civiles eran el resultado de deficiencias crónicas, el informe de Justicia federal formulaba recomendaciones concretas y confiaba en que, con la supervisión de los tribunales federales, la situación se iría corrigiendo poco a poco.

La posibilidad de una sindicatura, que nadie en realidad desea, surge hoy más que nunca para la Policía de Puerto Rico. Por eso, el Gobierno no puede seguir arrastrando los pies.

Ha sido suficientemente advertido y el pueblo espera por respuestas.