SUFICIENTE PARA DESTITUIR

La manera vergonzosa en que la directora de comunicaciones de la Autoridad de los Puertos, Blanca Sáez, ha intervenido en la discusión pública sobre la salida estrepitosa de su esposo Jerome Garffer de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, constituye un reto al decoro en el servicio público.

Se trata de un gesto que, como funcionaria, tiene que acarrearle consecuencias por lo que, en este aspecto, queda emplazado el director de la Autoridad de los Puertos, Bernardo Vázquez, quien mantiene sobre el particular un silencio tan insultante como la propia vulgaridad denunciada.

Experta como es en comunicaciones, ella sabe que en las redes sociales no hay expectativa de privacidad, por lo que su figura profesional, privada, no puede desligarse de su figura pública, gubernamental.

Y como funcionaria gubernamental tiene que saber que su salario lo pagan los contribuyentes independentistas, populares, novoprogresistas, unionados y no unionados, por lo que tampoco tienen por qué tolerar el arranque de vulgaridad que representa su recomendación sobre qué hacer con la AEE.

Por su contenido y por el vocabulario utilizado, es inaceptable su expresión.

De todos modos, tanto las razones aducidas para la renuncia forzada de Garffer como la virulencia de su esposa tienden a reforzar también el interés en las alegaciones de que el dimisionario usó influencia indebida para que la corporación pública otorgara contratos a allegados políticos.

Y es que el caso Garffer engorda con un historial de sombras en momentos en que tantos actos dolosos laceran, desde dentro, la administración pública. Ahí están las denuncias de que el Senado confirmó a Garffer sin tomar en cuenta su récord de violencia doméstica ni sus infracciones de tránsito que debieron costarle su licencia de conducir.

Su renuncia fue precipitada en gran medida por dos asuntos: sus violaciones a las leyes de tránsito en 2009 y tres querellas por violencia doméstica contra su expareja en el 2007 que se archivaron cuando el empresario se acogió a un programa de desvío.

Pero hay más. Sobre Garffer está planteado su aparente uso de influencias indebidas para beneficiar con contratos en la AEE a un grupo médico cuyo líder era contribuyente del gubernamental Partido Nuevo Progresista, según ha trascendido por copias de los correos electrónicos conteniendo las recomendaciones de favoritismo.

Sostenemos que no puede cerrarse este nuevo capítulo de la turbulenta historia reciente de la Junta de la AEE sin que se tomen las medidas correctivas que amerita la conducta de Garffer, igual que se está haciendo en el caso de José Pérez Canabal, el otro miembro del organismo que tuvo que renunciar recientemente por favorecer a un amigo.

Y es imperativo que el director ejecutivo de Puertos tome medidas disciplinarias en el caso de la señora Sáez, por la publicación en su cuenta de Facebook de comentarios ofensivos contra funcionarios, políticos y dirigentes obreros que hicieron señalamientos sobre su esposo.

Por otro lado, debe dársele seria consideración a los planteamientos de los representantes del interés público en la Junta de la AEE, Juan Rosario y Agustín Irizarry, quienes abogaron en entrevista con El Nuevo Día por que se reforme el organismo, para que no sea el gobernante de turno quien nombre a tantos miembros, sino que éstos deben ser más representativos de los diversos sectores y, sobre todo, “que sea gente que sepa de energía”. Y de pulcritud, añadimos nosotros.

Pero ahora, no puede dejarse sin consecuencias el insulto al País lanzado por una funcionaria que se supone voz y representación de una instrumentalidad de Gobierno.