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Editorial de El Nuevo Día |
La nueva política académica del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, que parece haber eliminado de un plumazo cerca de 400 secciones de estudios para el semestre próximo, debe ser reevaluada de inmediato por las autoridades universitarias porque coloca a cientos de estudiantes en riesgo de no poder graduarse.
El recorte, aparentemente indiscriminado, impedirá que muchos estudiantes puedan completar los requisitos de graduación, que incluyen cursos de conferencia (“lectura”) eliminados porque tenían menos de 20 alumnos prematriculados, según denunció el presidente del Consejo General de Estudiantes del recinto riopedrense, Álvaro Moreno.
Según la denuncia, los cursos fueron eliminados sin que se analizara si eran vitales para los estudiantes candidatos a graduación, cosa que ocurre en ciertos casos. Hasta ahora, la reducción de secciones afecta a los estudiantes de bachillerato, pero los dirigentes estudiantiles estiman que podría también alcanzar a los de nivel posgraduado.
Nos resistimos a pensar que la determinación administrativa forme parte de las recomendaciones sometidas por un comité asesor designado en el 2011 por el gobernador Luis Fortuño para reformar la Universidad. El organismo recibió la tarea de “evaluar la situación de la UPR y las demás instituciones de educación superior en Puerto Rico y recomendar las medidas necesarias para fortalecer las mismas en beneficio de la sociedad puertorriqueña”, pero la ambigüedad de la directriz ha recibido críticas de sectores tradicionalmente vinculados a la Universidad.
Una de las propuestas más polémicas que se ha reseñado es la de dirigir la universidad del Estado hacia la investigación científica, en detrimento de las artes liberales.
Es un hecho que la matrícula en la UPR ha bajado desde la imposición de la cuota de $800 que fue una de las causas de la más reciente huelga estudiantil. En 2009, la UPR tenía 66,189 estudiantes, cifra que se redujo el año pasado a menos de 58,000 y que este año se estima que será aún más baja.
Aunque la Middle States Commission on Higher Education atribuye la merma a la inestabilidad creada por los conflictos estudiantiles de los últimos años, los estudiantes sostienen que se debe a factores tales como la cuota de $800 y la política institucional que limita el cupo de los alumnos de nuevo ingreso a los recursos disponibles en cada recinto.
La Universidad ha estado bajo vigilancia de la Middle States desde 2010, cuando el organismo acreditador colocó en probatoria los recintos de Río Piedras, Cayey y Utuado, aunque les otorgó pronósticos favorables.
De hecho, según funcionarios de la entidad evaluadora, una baja en la matrícula no tendría necesariamente que afectar la acreditación, necesaria para que la UPR no pierda acceso a la inyección anual de $250 millones en ayudas federales que recibe. La UPR se nutre, asimismo, de una fórmula que le otorga el 9.6 por ciento de los recaudos estatales anuales.
El nuevo escollo que enfrentan los estudiantes ocurre poco después de que la institución lograra evitar una huelga de su personal administrativo al firmarse un convenio colectivo con el sindicato que lo representa.
Queda por verse aún cómo afectará a los profesores la reducción drástica de cursos. El comité asesor nombrado por el gobernador también tenía entre sus encomiendas evaluar el sistema de contratación de profesores, así como su permanencia.
Confiamos en que la responsabilidad del Estado, de ofrecer educación universitaria de calidad, prevalezca sobre decisiones arbitrarias que atentan contra el pan de la enseñanza en nuestro principal centro docente y que sólo pueden provocar nuevos conflictos que el País no desea.
