UN ACTO VICIOSO DE CENSURA PREVIA

El papel de censor de la opinión pública, y en consecuencia de la libertad de prensa, del que se ha investido el contralor electoral Manuel Torres Nieves para coartar la expresión de los ciudadanos víctimas de impericia médica, constituye un claro acto de censura previa que transgrede los postulados más básicos de las constituciones de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Se trata de un papel que choca con una sociedad que hace siglos se deshizo del carimbo de tinta con el que autoridades dictatoriales tachaban las informaciones que no les agradaban y mandaban a prisión a quienes retaran ese oscurantista y vicioso proceder.

Lacera más a la democracia, y vierte en la herida sal de insensibilidad, la respuesta del gobernador Luis Fortuño legitimando el atropello y justificando el asalto pretoriano al derecho de expresión de los ciudadanos, en este caso de las víctimas de impericia, con el alegato de que “hay unos requisitos que todos tenemos que cumplir”.

Esa respuesta de pasada del gobernador en realidad genera mayores y graves interrogantes: ¿Qué requisitos son esos? ¿De dónde surgen? ¿Quién los interpreta? Lo que no ha señalado el gobernador Fortuño es que en realidad estamos ante un impermisible uso de una reciente ley dirigida a fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas.

Luego de las arduas batallas libradas para garantizar el derecho a la libre expresión de los ciudadanos, incluyendo la exigencia de la reparación de agravios al Gobierno, ahora nos encontramos que tales pasos de avance conquistados por el pueblo son conculcados por una ley inconstitucional y un funcionario ensoberbecido de poder o enajenado de las funciones legales que le corresponden.

Como los censores de antaño, el contralor electoral les ordenó sumariamente a los medios de comunicación general, mediante una especie de decreto, cesar y desistir de difundir cualquier anuncio por la Asociación de Víctimas de Impericia Médica (AVIM).

Según la peregrina interpretación de la ley por parte del contralor electoral, los planteamientos de los miembros de la AVIM son de carácter político-partidista. Así las cosas, ha decidido que cualquier agrupación que intente expresar su disgusto con las actuaciones del Estado y defender los intereses de sus integrantes, exigiendo al gobernador la reparación de daños, tiene que registrarse como partido político o someterse al trágico silencio de los desposeídos de derechos civiles y humanos.

De prevalecer tan errónea interpretación, resultaría entonces que nadie podrá expresarse en lo que resta de la campaña a través de los medios, con planteamientos que afecten al gobernador o a cualquier otro candidato. El peligroso dictamen tiene el agravante de haberse emitido como un decreto real, sin ofrecerles a los afectados el debido proceso de ley.

Nada más faltaría que una columna o editorial en estas páginas se considere una comunicación de las que este funcionario se cree que tiene poder para detener. El Gobierno no tiene la capacidad -y no debería tener ni siquiera la tentación y mucho menos la osadía- de usar su mollero para acallar la voz del pueblo, gústele o no.

En un intento de última hora de enderezar un patente agravio en contra de la democracia, entrada la noche el contralor electoral emitió una orden que, si bien ‘dejó sin efecto’ temporeramente su orden de censura, de otra parte reconoce lo impropio, apresurado e inconstitucional de su actuación.

Lo que está en discusión es un asunto básico de derechos constitucionales y de libre expresión, por lo que no puede permitirse que se restituya un instrumento que, como el de la censura previa, es un vehículo proscrito en Puerto Rico.

Ha sonado una campana contra la libertad de expresión y su estremecedor retumbe no puede pasar desapercibido ni mucho menos quedar en el olvido.