|
Editorial de El Nuevo Día |
El decreto de impunidad con que el Departamento de Justicia ha privilegiado al senador Roger Iglesias, por sus crasas violaciones a la ley que regula la profesión de la ingeniería, marca un hito, con efecto acelerante, en el proceso de desmoronamiento ético de esta agencia, ministerialmente responsable de perseguir y procesar el delito.
La determinación de la licenciada Maricarmen Rodríguez Barea, directora de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de la agencia cuyo titular es, por mandato constitucional, “el abogado del pueblo de Puerto Rico”, no solo constituye un oprobio y una desvergüenza oficial, sino que convierte en letra muerta la más importante disposición de la ley que rige la profesión de la ingeniería e intenta tomarle el pelo al país.
Ello, además de enviar al pueblo el peligroso mensaje de que, según sea el grado de compadrazgo político, así serán las decisiones del abogado del pueblo, ha convertido a Justicia -y específicamente a su secretario Guillermo Somoza Colombani- en una agencia presidida por la indigencia moral y el desamparo de sus responsabilidades vicarias.
Y como si lo anterior fuera poco -que claramente no lo es-, presenta a nuestro sistema de justicia como un circo de tres pistas cuyo acróbata principal, el secretario Somoza Colombani, apenas si se preocupa por, al menos, guardar las apariencias evitando las pasmosas contradicciones de sus actuaciones.
Hace cinco meses, el secretario emitió una opinión declarando la ilegalidad de los contratos por cerca de $500,000 con los que la corporación regular del senador Iglesias (E&C Group) fue favorecida por varios municipios y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), para realizar trabajos de inspección de obras de construcción, labor que solo pueden realizar ingenieros licenciados. El senador Iglesias no lo es. Según denunció el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Iglesias se hizo pasar por ingeniero e inclusive se incluyó en los contratos la palabra “ingeniero” antes de su nombre. A pesar de que así se comprobó durante la llamada “investigación” de la querella por parte de Justicia, la funcionaria encargada de la misma, en un burdo intento por confundir al país, sostiene ahora que esa inclusión fue hecha por “quien prepara el contrato, no él”.
Más aún, el decreto de impunidad que Justicia ha servido al senador Iglesias afirma que los contratos con la corporación del senador Iglesias eran para “funciones administrativas, no eran de ingeniero”, lo que se da de frente con el texto literal de los contratos -copias de los cuales obtuvo El Nuevo Día y estuvieron ante la consideración de la subalterna del secretario Somoza Colombani- que establecen claramente que el trabajo a realizar por la corporación consistía en la inspección de varias obras de construcción.
Pero hay más. Justicia determinó el viernes pasado que Iglesias no incurrió en la comisión de delito “porque, conforme a la evaluación de esa persona (Iglesias), no estaba ejerciendo la práctica de la ingeniería cuando se firmaron los contratos de AFI y con los municipios”. Precisamente, ese dato es el que constituye el delito cometido por la corporación del senador Iglesias.
Lastimosamente, ante el vil menosprecio al pudor y el recato de la agencia, y ante la clara intención de poner de rodillas al país con toallazos como este, la dolorosa pregunta es pertinente: y ahora ¿quién podrá defender al pueblo de Puerto Rico?
