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Editorial de El Nuevo Día |
Indignante e intolerable son palabras que no alcanzan a describir el estupor que provoca la caótica situación de atrasos en investigaciones, maltrato institucional y falta de recursos en la Unidad Investigativa Especializada del Departamento de la Familia en la región de Humacao.
El funesto estado de impotencia al que ese abandono institucional lanza al personal técnico y profesional encargado de ofrecer servicio a niños y familias tiene que ser superado de inmediato a base de recursos cuya entrega sea regida por la claridad de prioridades y por la sensibilidad.
Pero esto va más allá, puesto que las condiciones infrahumanas a que son sometidos niños que viven la tragedia de ser removidos de su hogar por su seguridad, y la falta de atención apremiante a querellas de maltrato de menores, ancianos y personas con impedimentos en una decena de municipios del este, hacen cuestionar sobre si el Departamento de la Familia, que encabeza la secretaria Yanitsia Irizarry, tiene en realidad la dirección que las circunstancias exigen.
Una visita reciente a la oficina en Humacao reveló la precariedad del lugar en el que tienen que pernoctar menores rescatados por el Estado de la violencia del seno familiar. Son dejados en un reducido espacio que apenas da para una cama, sin baño, obligados a asearse en locales contiguos, y a veces a dormir en matres en el piso en la oficina.
De 400 casos que la oficina tenía por atender en 2009, hoy se han más que quintuplicado, con unos 2,234 casos acumulados, según los empleados. En abril pasado, El Nuevo Día informó que los incidentes sin investigar de maltrato a menores, a personas de edad avanzada y a personas con impedimentos superaban los 30,000 en todo el País. Un mes antes, en marzo, informamos que una disposición firmada por la secretaria -la orden ejecutiva 2012-002, que estableció una unidad de respuesta rápida para el manejo de emergencias familiares en cada oficina regional- tenía el efecto de duplicar funciones en aras de dar una buena impresión al Gobierno federal. Tal argumento fue sostenido esta semana por empleados de la oficina de Humacao.
Sin equipo y a veces teniendo que echar mano de sus propios recursos, los 27 servidores públicos que laboran en la oficina se afanan día y noche los 365 días del año para atender las emergencias y querellas provenientes de Humacao, Las Piedras, Juncos, Naguabo, Maunabo, Yabucoa, Ceiba, Fajardo, Vieques y Culebra. Quince de ellos, investigadores, evalúan los casos, acuden al tribunal e incluso, asumen la custodia de algún menor por algún tiempo.
¿Qué pasó desde 2009 para que, ante el ataponamiento de casos, estos empleados tengan ahora que escoger “prioridad dentro de la prioridad”?
¿Qué pasa, mientras, con el resto de las prioridades que se quedan sin atención: seres humanos indefensos mantenidos en la barbarie física y emocional?
Sabemos que el efecto de este abandono institucional es el de niños y jóvenes que en un futuro replicarán la violencia de la que son víctimas hoy.
Situaciones como ésta no aguantan paños tibios. Todo lo contrario. Tienen que repudiarse, así como debe repudiarse cualquier intento de justificar el deprimente cuadro.
Sobre todo, esta situación tiene que convertirse en la primera prioridad del Gobierno como la emergencia social que es.
Corresponde al gobernador Luis Fortuño asegurarse de que este estado de cosas cambie. Hasta entonces, ningún discurso que pretenda referirse a los problemas sociales, de crimen y de violencia o que hable de valores o de promesas, tendrá credibilidad alguna.
Actuar de inmediato y con firmeza le dará la estatura moral que requiere reclamar avances en la protección de las familias y en la prevención del crimen.
