UN VOTO AL SISTEMA

En la dirección de uniformar el ejercicio de un derecho fundamental, Puerto Rico tiene que adoptar como agenda impostergable la implantación de un sistema de salud universal que, con salvaguarda constitucional y sin discrimen alguno, garantice la prestación de servicios a tiempo y de calidad a todos los ciudadanos por igual.

De ahí que en esta coyuntura electoral, y con un déficit de calidad en la salud de los puertorriqueños acumulado pese a la llamada reforma de 1993, el País tiene que reclamarle al liderazgo político este tipo de sistema de salubridad sin racionamientos, según lo propuesto en la Agenda Ciudadana 2012.

Y en ese marco de exigencia ciudadana, merecen ser endosadas en términos generales para el próximo 6 de noviembre las propuestas de salud del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), del Movimiento Unión Soberanista (MUS) y de Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR). Aunque con grados de diferencia en su diseño, mecanismos de financiamiento e implantación, estos cinco partidos coinciden en lo fundamental.

El gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), que insiste sólo en el “fortalecimiento” del programa Mi Salud a pesar de sus graves tropiezos e inequidades, no impulsa la cubierta universal de salud. Por lo tanto, en este específico renglón de servicio público y desarrollo social contenido en su programa de gobierno, entendemos que no merece el endoso del electorado.

Hay que notar que tres de los partidos, el PIP, el MUS y el PPT favorecen la adopción del sistema universal con pagador único, lo que garantizaría estabilidad a médicos, hospitales, laboratorios y otros proveedores, traduciéndose ello en el posicionamiento del paciente en el lugar más importante de la reforma de salud.

El PPR, por su parte, no enfatiza en la figura del pagador único, sino en una cooperativa especial de administración del sistema, lo que representa una visión novedosa, aunque levanta dudas sobre si podría mantener la burocratización actual en autorización, prestación y pago del servicio a los pacientes.

El PPD, aunque acoge algunas de las propuestas ciudadanas, se limita a un simple enunciado del sistema universal que no transforma en su esencia el esquema actual. Con su propuesta el sistema se financiaría con fondos públicos y privados, y podría ser administrado por el Gobierno o por un tercero, como opera actualmente Mi Salud. Esta ambivalente “modificación” sería una reiteración de los mismos males que minan hoy día el sistema de salud.

Entendemos que es vital, por otra parte, que una serie de áreas específicas de cobertura de salud física y mental deben ser elevadas a su máxima prioridad, entre ellos la promoción de los derechos sexuales y reproductivos que conciencien sobre la educación sexual y planificación familiar. Ésta es una preocupación de la Agenda Ciudadana 2012 que, por ejemplo, se atiende prominentemente en el programa del PPT.

Un sistema de salud universal, de todos modos, alcanzaría su máximo desarrollo como garantizador del servicio público si nace de la mano de la elevación de la salud al rango de derecho constitucional, cuya observancia no podría estar sujeto ni a la “lógica” burocrática del racionamiento, ni a los libros contables de aseguradoras que revocan los criterios médicos, ni a las necesidades que provocan en aseguradores ni proveedores las fluctuaciones del mercado.

Así, como plantea la Agenda Ciudadana, los ciudadanos reclaman no sólo servicios de salud de calidad sino también que se adopten las salvaguardas constitucionales y los mecanismos en ley que protejan su derecho al acceso a un sistema de salud adecuado, eficiente. De calidad.