URGE ENDEREZAR EL SERVICIO DE LANCHAS

Ante el evidente e incesante deterioro del servicio de lanchas que conecta Vieques y Culebra con la isla grande de Puerto Rico, es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el derecho a la movilidad de sus residentes y deje de forzar el rumbo de este crucial transporte hacia la privatización como única salida.

La participación este martes del secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Rubén Hernández Gregorat, en la vista de interpelación de la Cámara de Representantes, caracterizó a un funcionario sin rigor y sin norte, lo que obliga al Gobierno a poner en otras manos las medidas inmediatas para rescatar del discrimen a la gente de Vieques y Culebra.

Los residentes de esos municipios han vivido durante mucho tiempo una situación desesperada, que interfiere con todas sus actividades diarias y que constituye un trato inhumano y discriminatorio que hemos denunciado reiteradamente.

Sin embargo, el caos en la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), adscrita al DTOP, nunca había sido tan profundo, porque ahora, a los grandes problemas de escasez de lanchas y suspensión del servicio, se suma la confusión y una gran falta de objetivos en términos administrativos.

El hecho de que el secretario Hernández Gregorat no se preparara para la vista de interpelación de la Cámara, ofreciendo un espectáculo lamentable de cara al país, es motivo suficiente para que el Ejecutivo intervenga y tome medidas urgentes para solucionar la crisis.

Levanta suspicacias el hecho de que, en esta coyuntura tan crítica, donde se están cuestionando graves irregularidades, así como el mal uso de millones en fondos públicos, se pretenda despachar el asunto con la alternativa de la privatización del servicio de lanchas. De hecho, algunos sectores han denunciado que la escalada en el abandono responde precisamente a una estrategia que pretende llevar a la ATM a un punto de no retorno, lo que facilitaría la renuncia a la operación.

En todo caso, resulta una actitud derrotista e impropia de un administrador, la que asumió el secretario del DTOP al consignar que el servicio de transporte marítimo -que mueve anualmente más de un millón de personas entre las islas municipio y la Isla Grande- es una operación “costosa y poco rentable”.

La historia de la ATM está repleta de despropósitos y promesas incumplidas. Hace más de un año, su Junta de Directores decretó un estado de emergencia debido a los señalamientos de la Administración Federal de Transportación, que detectó reportes financieros inadecuados, desaparición de inventario adquirido con dinero federal y otras anomalías importantes en la ATM.

Ese estado de emergencia evidentemente no resolvió nada. Ni hubo seguimiento, ni mucho menos pericia y voluntad administrativa para ir salvando escollos. Al contrario, apenas unos meses más tarde, la entonces procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Rossana López, emitía una resolución con 22 órdenes que obligaban a la ATM a corregir graves fallas en el servicio de lanchas, que ponían en riesgo la seguridad de las personas mayores.

La ATM ni siquiera se dignó a contestar a esas órdenes. Se trata de una corporación decadente, que responde con mediocridad y arrogancia a las situaciones críticas.

A estas alturas, ya está más que demostrado el fracaso de las personas a las que se les dio la oportunidad de enderezar la ATM. Esto obliga al Gobierno a trazar un plan de acción inmediato, poner controles al despilfarro en sueldos ejecutivos y eliminar de una vez el “apartheid” en que han quedado sumidos los residentes de Vieques y Culebra.