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Editorial de El Nuevo Día |
Informes acuciantes de que el País podría enfrentar una crisis alimentaria impone a todo Puerto Rico, incluidos ciudadanía y gobernantes, la responsabilidad de atender con seriedad estos avisos y actuar con coordinación en la puesta en vigor de un plan maestro de producción agropecuaria, basado en la creación de reservas agrícolas.
El alerta más reciente lo hizo la semana pasada en la Asamblea de Acción Reforma Agrícola, la catedrática asociada en Economía Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, Myra Comas, en el sentido de que seguimos importando más del 80% de los alimentos, por lo que urge producir localmente lo que llevamos a nuestras mesas.
En particular, resulta absurdo que importemos productos propios de la canasta básica puertorriqueña y el 90% del pescado que consumimos. Hasta el año pasado, la ganadería cubría apenas el 10% de la demanda local, muy por debajo del 74.5% que cubría para 1950.
Cada día esta realidad se agudiza y nos da en la cara. Pero no se traduce esto en una política pública que atienda de una vez lo que implica la solución del problema: disponibilidad y reserva de terrenos fértiles, almacenamiento de comestibles, fortalecimiento de la infraestructura portuaria por la que llegan los víveres y mitigación de los efectos del innegable cambio climatológico que cada vez hace más estragos aquí y ha tenido peores consecuencias en otras partes del mundo.
Es inescapable que nos enfrentamos a una emergencia mundial. Desde 1996, más de 180 naciones firmantes de la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial -auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)- reconocían el carácter multifacético de la seguridad alimentaria y la urgencia de una acción nacional concertada, junto con iniciativas internacionales eficaces para complementarla.
Hablaban de la necesidad de adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desarrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en zonas de alto y bajo potencial, fundamentales para asegurar un suministro de alimentos suficiente y fiable a nivel familiar, nacional, regional y mundial y que combatan las plagas, la sequía y la desertificación, considerando el carácter multifuncional de la agricultura. Puerto Rico no es inmune a esta calamidad. Pero como toda crisis, atajar este problema creciente también representa una oportunidad de poner al País en ruta a un verdadero desarrollo socioeconómico.
Los continuos avances tecnológicos posibilitan el desarrollo de una agricultura moderna y la ciudadanía ha propuesto -y algunos, puesto en práctica- ideas serias para estimularla.
Tenemos terrenos fértiles que ofrecieron bonanza a otras generaciones, que tienen que utilizarse exclusivamente para la agricultura y protegerse como recurso del que depende nuestra supervivencia. Recuperarlos, conservarlos y ponerlos al servicio de una empresa de país desde la que germinen alimentos frescos y abundantes para la población, y empleos que propicien salir del ciclo estéril de la dependencia, es un proyecto que no aguanta posposición.
Para priorizar en la seguridad alimentaria será necesaria la alianza de sectores con miras a desarrollar un plan conjunto a corto, mediano y largo plazo cimentado en la diversificación y en la inclusión, en la sustentabilidad y la solidaridad. Los sectores público, privado y académico tienen las condiciones y recursos para elaborarlo, mas deben contar con la participación de los ciudadanos y las organizaciones comunitarias. Desde la base doméstica, desde los proyectos comunitarios, hasta los proyectos agroindustriales a gran escala, la seguridad alimentaria se produce a múltiples niveles.
El terreno está fértil para sembrar este proyecto urgente. No podemos retener más tiempo las semillas en la mano.
