La idea de la eliminación definitiva del proyecto Vía Verde, lanzada por el propio gobernador Luis Fortuño con sus dudas confesas sobre la viabilidad del gasoducto, debe ser entendida como oportunidad para un debate gubernamental y multisectorial que, lejos de intereses partidistas, sirva para elaborar un plan integral de reforma energética.
Obligado por su realidad energética y ambiental, así como por su necesidad de servicios públicos más eficientes, Puerto Rico tiene la urgencia de adelantar en la implantación de un sistema de transporte colectivo integrado y ágil que responda a los reclamos de nuestra gente en pueblos y ciudades.
El reclamo que surge de todos los sectores del País en demanda de una campaña política de factura ética y de debate de altura, ha pasado de una petición rutinaria a una contundente exigencia colectiva de parte de un electorado que se siente rehén de un debate vergonzoso e insustancial.
Los reveladores datos provistos por la Administración de Seguros de Salud (ASES) sobre el bajo perfil de la prevención entre los asegurados de Mi Salud, por necesidad tienen que traducirse en un mayor esfuerzo educativo que redunde en la prestación de servicios de calidad a una población de casi 1.6 millones de beneficiarios.
Resulta necesaria la Ley 31 al apoderar a los municipios para que puedan lidiar eficazmente con el problema de los estorbos públicos. Pero sus disposiciones deben seguirse sin prejuicios, para que su ejecución conlleve una mejor calidad de vida y no el desplazamiento de comunidades que sufran altos niveles de marginación.
