El País tiene que declarar una emergencia social para combatir el maltrato de menores, una epidemia que no se erradicará hasta tanto Puerto Rico deje de adjudicarle solamente al Departamento de la Familia la responsabilidad de lidiar con el problema y entienda que corresponde a todos, Gobierno y ciudadanía, conjurarlo.
La aprobación en la Cámara de Representantes federal de una propuesta que impediría que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) reciban en efectivo el 25% de tal ayuda, crearía disloques y causaría perjuicio a las familias más pobres en un momento tan crítico de la economía del País.
Para que la educación vuelva a ser el agente principal de cambio y movilidad social en Puerto Rico, es necesaria una transformación del sistema educativo con un plan anclado en la participación ciudadana y cuya supervivencia sea protegida por una sociedad civil dispuesta a hacerle frente al embate de las políticas partidistas.
El incumplimiento de palabra en que ha incurrido la mayoría popular del Senado, renegando de la reforma legislativa prometida, aunque decepciona por su venta al País de “gato por liebre”, está a tiempo de ser subsanado: con acción reparadora en la Cámara de Representantes o con un veto del gobernador Alejandro García Padilla.
La aprobación en el pleno del Senado de un proyecto de ley que prohíbe el discrimen por orientación sexual en el empleo, es un paso positivo hacia la evolución de nuestra sociedad, que aspira a llenar los reclamos de justicia e igualdad para todos los ciudadanos del País.
Reducir a 0.05 por ciento el máximo de alcohol permitido en la sangre de una persona que conduce un vehículo de motor es una medida en la dirección correcta, pero la meta de Puerto Rico debe ser alcanzar la tolerancia cero, una medida que debería traducirse en una baja sustancial de las muertes de tránsito.
Como parte fundamental de su proyecto de transformación socioeconómica, Puerto Rico tiene que abrazar la tarea del rescate de sus tierras agrícolas y enfocarse en la producción agropecuaria como vía a la seguridad alimentaria, la sustitución de importaciones y la creación de empleos.
Mientras los más altos oficiales de la Policía deshojan margaritas intentando descifrar el misterio de un fin de semana sin asesinatos por primera vez desde hace ocho años, es evidente la necesidad de que la Administración termine de articular y presentar un plan anticrimen que ayude a hacer de esa excepción una consistente y plausible realidad.
La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad histórica para mover al País un paso más hacia la justicia y la equidad que caracterizan a las sociedades democráticas, con tres proyectos de ley que buscan poner fin al trato de ciudadanos de segunda categoría que aún recibe aquí miles de personas por razón de su orientación sexual o identidad de género.
Los nuevos cambios a la reforma de salud, cuya implantación persigue dotar de seguro médico a 300,000 personas que ahora están desprotegidas, requiere evitar dar palos a ciegas y a la inclusividad tímida, de manera que los ajustes a corto plazo sean una base de transición hacia un verdadero sistema universal bajo estándares mundialmente reconocidos.
Si, como se espera, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) finalmente implanta a partir del próximo 1 de julio el propuesto aumento promedio de $20 adicionales en la factura mensual de sus abonados, el País debería saber a ciencia cierta cómo ese incremento va realmente a solucionar la crisis fiscal por la que atraviesa esa corporación pública.
La visita del gobernador Alejandro García Padilla a la Isla Nena, en la que firmó una orden ejecutiva para reactivar la Oficina del Comisionado Especial para Vieques y Culebra, debe asumirse ahora como parte de un plan verificable de medidas que mitiguen el abandono en que ambas islas municipio han estado inmersas.
La convergencia de eventos ocurridos aquí en la Isla, en Washington, D.C. y en Hawai, en torno a las leyes federales de cabotaje, provee un clima óptimo para crear una gran alianza interjurisdiccional para insistir ante el Congreso en que se excluya a Puerto Rico del yugo de los estatutos marítimos que laceran nuestra competitividad comercial.
La acción de La Fortaleza que detiene el festín de aumentos salariales por la reclasificación de decenas de empleados de carrera a puestos de confianza en la Autoridad de Carreteras ha sido la respuesta adecuada a un acto de irresponsabilidad administrativa que transgrede las directrices y los principios de austeridad en el actual Gobierno.
Las graves imputaciones contra el exprocurador del ciudadano, Carlos J. López Nieves, sobre el uso ilegal de dinero y de recursos públicos para operar una gallera privada y para otros fines ajenos a la función pública, demandan una acción urgente y, de ser comprobadas, una ejemplar sanción reparadora.
