Un estudio apunta a la Uniformada y al Departamento de Educación como las agencias que peor manejan el asunto. Serie Especial
Por Brunymarie Velázquez / brunymarie.velazquez@elnuevodia.com
Para muchos la corrupción es uno de los males más graves que padecen los gobiernos y según un estudio, se ha convertido en una especie de parásito que pulula tanto en las tres ramas de gobierno como en las administraciones municipales.
El estudio “Proyecto sobre el mal uso de los recursos del gobierno” identificó al Departamento de Educación y la Policía de Puerto Rico como las agencias más corruptas y la Administración de Seguros de Salud como unas de las agencias con el peor desempeño en la rama ejecutiva.
De hecho, uno de los casos icónicos de la corrupción en Puerto Rico y el despilfarro de fondos federales lo es el del exsecretario de Educación Victor Fajardo, quien en el año 2000 fue convicto por desviar sobre $4 millones hacia su propio bolsillo y al cofre del Partido Nuevo Progresista.
Acorde con el estudio, además, la Cámara de Representantes fue identificada como el más corrupto de los dos cuerpos legislativos.
Uno de los casos más sonados en los últimos años ha sido el del convicto Jorge De Castro Font, quien resultó culpable el año pasado de corrupción en la Legislatura.
A su vez, el peor uso de fondos públicos corresponde a los municipios según el estudio.
En este renglón el municipio de San Sebastián ocupó el primer lugar en el peor desempeño entre los municipios, según el índice de hallazgos del estudio. Este es seguido por Maricao, Salinas, Peñuelas, Aguas Buenas, Arecibo, Yauco, Santa Isabel, Vieques, Juana Díaz y Loíza.
Esta investigación, que documentó las modalidades y tendencias crecientes de la corrupción en Puerto Rico, comenzó en el 2008 tras un acuerdo entre la Oficina del Contralor y el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras.
La indagación científica se realizó confidencialmente entre un grupo de más de 150 empresarios que pertenecieran al Registro de Licitadores del Gobierno y 160 funcionarios y empleados públicos.
“Los encuestados indicaron en su mayoría que los actos de corrupción como pagos por debajo de la mesa para lograr la otorgación de contratos es muy frecuente”, indicó la doctora Eileen Segarra Alméstica, coautora de la investigación.
Las doctoras Segarra Alméstica y María Enchautegui estudiaron los informes del contralor dentro de un periodo de 11 años y encontraron que el índice de hallazgos más alto como el peor uso de fondos públicos correspondió a los municipios.
“Esos hallazgos se desglosan según las auditorías como fraude, abuso, gastos inútiles e incumplimientos”, expresó Segarra Alméstica.
Según los hallazgos del estudio el municipio con el mejor desempeño es Hatillo. Le siguió Corozal, Sabana Grande, Barranquitas, Cabo Rojo, Lares, Ponce, Comerío y San Germán.
APROPIACIÓN
La economista Alicia Rodríguez Castro definió en unos de los capítulos de su autoría que la apropiación como corrupción menor ocurre cuando funcionarios y empleados públicos se apoderan a menor escala para su uso personal -o para otros- de la propiedad o fondos públicos.
La economista utilizó como ejemplo cuando los empleados utilizan los recursos de la oficina para asuntos personales en horas de trabajo, se llevan a sus hogares material como libros, papel, computadoras de la agencia o entidad para su beneficio, entre otros.
Lo irónico es que los empleados públicos, que son los que diariamente se encargan de la gestión gubernamental, deberían ser clave en la batalla contra la corrupción.
Sin embargo, se podría pensar que no revelan los actos corruptos por razones como el “amiguismo” o por no salir afectados pero, según el estudio la razón principal es que no tienen confianza en el sistema de fiscalización del gobierno.
“Se les preguntó abiertamente si ellos habían identificado patrones de corrupción en sus áreas de trabajo y si los habían identificado por qué no los habían informado y la razón que dieron fue que muchas veces eran de muy poca monta, porque entendían que no se les daba seguimiento a los casos que se informaban y no se adjudicaban responsabilidades”, sostuvo la economista Alicia Rodríguez Castro, una de los cinco investigadores asignados por la facultad de Ciencias Sociales para realizar el estudio.
Para Rodríguez Castro la opinión de los empleados públicos revela “que aunque el estado tiene formas de que las personas indiquen si hay un acto de corrupción esto no se hace porque la gente no confía en que vaya a tener alguna consecuencia”.
“Los empleados mismos no toleran la corrupción. A pesar del alto número de casos, consideran como falta grave muchas acciones aún menores, de naturaleza corrupta. Deben fortalecerse los mecanismos en las oficinas de las agencias para que sea más fácil que los empleados informen anomalías”, concluye Rodríguez Castro en su estudio.
Los empleados opinaron además que la corrupción en la contratación es bastante palpable en su mayoría por “la inserción política y el amiguismo en el reclutamiento”. La mayoría de las contrataciones de puesto gerenciales se otorgan por vínculos políticos.
Un 43.6% establece que están “bastante de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que la contratación de empleados se basa en vínculos políticos.
Sin embargo, se les preguntó además la corrupción política en la contratación de personal y, según indica en el estudio, “los vínculos políticos son tan o más importantes que elementos de antigüedad y desempeño al momento de asignar puestos”.
El 59.7% empleados públicos indicaron que “muy frecuentemente” los legisladores y alcaldes obsequian regalos a los ciudadanos en época electoral para ganar votos, transportan a empleados y activistas políticos. Revelaron además que son chantajeados por los funcionarios para participar de eventos políticos y hacer donativos políticos.
