El PPD fustiga a la Comisión de Ética

Las sanciones recomendadas por la Comisión cameral de Ética contra los representantes populares Jaime Perelló y Roberto Rivera fue criticada por los populares por entender que no guarda proporción con las impuestas en casos de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La Comisión de Ética determinó imponer una multa equivalente a 15 días de dieta y aprobar un voto de censura contra Perelló y Rivera debido a las cartas que enviaron a los directivos de las compañías que se disputaban el contrato para administrar el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

En las cartas, los representantes decían a las compañías que se proponen investigar la transacción en el próximo cuatrienio.

El represente popular Charlie Hernández catalogó estas sanciones como “una barbaridad” y un intento de acallar a la delegación del Partido Popular Democrático (PPD). “A los compañeros los castigan por defender el patrimonio nacional (aeropuerto) mientras al (representante José Luis) Rivera Guerra y a otros legisladores el penepé le da castigos simbólicos”, dijo.

Sin embargo, la representante novoprogresista Lourdes Ramos se defendió de las acusaciones. Aseguró que la comisión que preside “ha actuado con imparcialidad” en todos las querellas que le han referido.

“Me siento satisfecha. La vista evidenciaria en este caso fue clara”, dijo sobre la querella contra estos dos representantes, que se dio a conocer ayer, pero que necesita la votación de la mayoría del cuerpo para que las sanciones sean puestas en vigor. La fecha de esa votación aún se desconoce.

“Todos los casos (querellas a la Comisión cameral de Ética) se han investigado con igual diligencia”, subrayó la representante Ramos.

Destacó que la sanción en este caso fue “proporcional” al impacto negativo que pudo haber causado la carta que ambos enviaron.

El informe de la comisión también incluye referir el caso al Departamento de Justicia para la atención de la Oficina del Fiscal Especial Independiente.

El referido a Justicia obedece a una posible violación de los Artículo 257, por intervención indebida en las operaciones gubernamentales, y el Artículo 258, de usurpación de un cargo público.

Perelló evitó comentar sobre el tema hasta que pudiera examinar el documento, pero Rivera aseguró que era una conclusión previsible.

"Sabíamos que iba a venir una amonestación al final, si es que el informe dice eso, ya esa película nosotros la sabíamos, y ya sabíamos el final", indicó.

"Indudablemente, las actuaciones de los representantes Perelló Borrás y Rivera Ruiz de Porras, al enviar estas cartas e interferir indebidamente en el proceso de negociación del gobierno, se distanciaron de las normas establecidas en el Código de Ética. Sus conductas carecieron de todo decoro, y contribuyó a lacerar la imagen pública de la Asamblea Legislativa, así como a vulnerar la estabilidad de las inversiones en Puerto Rico", reza el documento de 33 páginas.

"Mas aún, los representantes, abusando de la confianza depositada en ellos por el pueblo de Puerto Rico, hicieron una falsa representación de la Cámara de Representantes para adelantar única y exclusivamente fines políticos", añade.

El documento también señala que, por tratarse de un proceso sumario ante la proximidad de las elecciones, la comisión no tuvo tiempo suficiente para realizar una investigación abarcadora, por lo que refirieron el asunto a Justicia.

Perelló y Rivera insistieron én una conferencia de prensa celebrada ayer en que el acuerdo preliminar suscrito por el gobierno y el consorcio Aerostar Airport Holdings, si entra en vigor, actuaría en detrimento del interés público, y usando presuntamente copia del contrato y cifras de la Autoridad de los Puertos (AP), argumentaron que la transacción no se justifica.

“Aquí, no hay un solo centavo que esta compañía vaya a traer al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Ellos van a estar administrando nuestro dinero, se van a llevar una ganancia de más de $800 millones en la firma del contrato, más toda la inversión que ellos dicen que van a hacer la van a hacer con el dinero que ya le pertenece al pueblo puertorriqueño”, puntualizó.

Mientras, David Álvarez, director ejecutivo de la Alianza para las APP (AAPP), precisó que la transacción tiene un valor aproximado de $2,600 millones, de los cuales $1,200 millones corresponden a los ingresos que recibirá la AP, y el resto iría dirigido a las mejoras al aeropuerto. Durante los primeros tres años del contrato, se destinarían $195 millones en infraestructura, de los cuales el 70% sería de la empresa operadora.