Aseguran que la disputa partidista "desalienta" a inversionistas
Por Joanisabel González /joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com
La Coalición del Sector Privado censuró hoy la puja política que se ha desatado en torno a la concesión público-privada del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM), señalando que las acciones de diversos políticos en los principales partidos en la Isla “desalientan” el interés de potenciales inversionistas.
En un parte de prensa, el sector privado tronó contra la clase política de la Isla al tiempo que hicieron un llamado a la prudencia, pues todos los sectores “debemos unirnos en consenso para buscar soluciones y sacar al país de la crisis económica” que se experimenta.
“A través de los años hemos salido en defensa de elementos que amenazan el clima de inversión en la Isla y politizan iniciativas que se traducen en la creación de empleos permanentes. El elemento fundamental para el desarrollo de inversión en la Isla es la confianza”, indicó el organismo que agrupa a 23 organizaciones empresariales y profesionales en Puerto Rico.
Esta semana, los representantes del partido Popular Democrático, Charlie Hernández, Jaime Perelló y Roberto Rivera denunciaron que la concesión del principal aeropuerto de la Isla no es necesaria, al tiempo que reiteraron la posible existencia de un conflicto de interés por parte del licitador Macquarie Capital y el otorgamiento de donativos políticos por parte de abogados en uno de los bufetes que sirve de asesor a dicha firma de inversiones en infraestructura.
Asimismo, los representantes Perelló y Rivera, enviaron sendas misivas a los licitadores Grupo Aeropuertos Avance (integrado por Ferrovial y Macquarie) y Aerostar Holdings (consorcio integrado por ASUR y High Star Capital) advirtiéndoles que revisarán el contrato del aeropuerto, de alzarse con la victoria en los comicios próximos.
Acto seguido, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González, del Partido Nuevo Progresista (PNP), imputó a los legisladores populares “falsa representación” de sus cargos y hasta una posible extorsión, por lo que cursaría referidos a la Comisión de Etica de ese cuerpo legislativo, la Oficina de Etica Gubernamental y el Departamento de Justicia.
Para completar, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, José R. Pérez-Riera, desigando por el gubernamental PNP, intervino en la disputa política, catalogando como “bochornosa” las acciones de los legisladores populares.
“Este tipo de situación, al igual que la toma de decisiones en cuartos oscuros, pone en riesgo la estabilidad de la economía del país, creando un ambiente inseguro para los inversionistas”, dijo Francisco Rodríguez Castro, portavoz de la entidad.
“La Coalición repudia acciones como esta porque Puerto Rico no aguanta la falta de transparencia y las acciones que minen nuestra credibilidad como país”, subrayó.
