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21 de febrero de 2013
Puerto Rico Hoy
 

En contra de la tendencia

Solo cuatro estados de EE.UU. prohíben actualmente la adopción por padres homosexuales

 

Por José A. Delgado / Jdelgado@elnuevodia.com

En camino contrario a pasos recientes en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico rechazó ayer reconocer que una mujer lesbiana pueda adoptar a la hija biológica de su pareja, que han criado juntas.

Divididos 5-4, una ligera mayoría de los miembros del más alto foro judicial de Puerto Rico determinó que el artículo 138 del Código Civil impide en estos momentos llevar a la Isla el concepto de la adopción del segundo ‘padre’ o ‘madre’ del mismo sexo.

En 18 estados y la capital estadounidense se ha reconocido esa figura jurídica, que en inglés se denomina second parent adoption y permite a una persona del mismo sexo del padre o la madre adoptar a un menor sin requerirle a este último que ponga fin a su relación filial.

En otros ocho estados, ese concepto se ha validado en determinaciones que tienen vigencia en condados o localidades.

Solo en cuatro estados –Kentucky, Nebraska, Ohio y Wisconsin– se ha rechazado expresamente.

En momentos en que cobra fuerza el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la jueza asociada Mildred Pabón Charneco, quien escribió la opinión de la mayoría, sostuvo que el artículo 138 del Código Civil impide que una persona del mismo sexo del padre o madre del menor lo adopte.

Y aunque como otras voces de la misma mayoría la jueza Pabón Charneco reconoció que en este caso la decisión jurídica va por un lado y la realidad social por otro, rechazó que sea inconstitucional el desconocimiento de los plenos derechos familiares de una pareja del mismo sexo.

“La Asamblea Legislativa emitió un juicio de política pública y entendió que la familia tradicional es el ambiente más estable para desarrollar a los menores en Puerto Rico, cuando se les reconozcan legalmente dos padres. Ese juicio no es irrazonable ni arbitrario”, indicó Pabón Charneco.

Los cinco votos que permitieron rechazar la petición de la demandante fueron de jueces designados por el exgobernador Luis Fortuño. Las opiniones de los jueces estuvieron matizadas por críticas a las posturas de sus colegas, en una confirmación de la fuerte tensión interna que existe en ese tribunal.

El interés de LA menor

El único de los nombrados durante el pasado gobierno que tuvo una opinión disidente fue el juez Luis Estrella Martínez, quien, al unirse a la minoría de jueces designados por el Partido Popular Democrático (PPD), consideró que la mirada de sus colegas de la mayoría quedó fija “en el adulto” y “olvidó” el bienestar de la menor, que tiene 12 años.

Bajo análisis del Tribunal Supremo estuvo el caso de una pareja de mujeres lesbianas, C.V.V. y A.A.R., ambas con doctorados en conducta humana (una sicóloga y la otra profesora universitaria), que planificaron juntas el nacimiento de la menor, identificada solo como J.M.A.V.

“Han formado una familia por cerca de 25 años”, indicó la abogada de las demandantes, Nora Vargas Acosta, profesora de Derecho de la Universidad de Puerto (UPR).

La única razón por la cual C.V.V. es la madre biológica, reconoció el juez Estrella Martínez, es porque es la más joven de la pareja. “Juntas asistieron a cuidados natales y clases preparto. El 17 de julio de 2000, día en que nació la niña, A.A.R. acompaña a la pareja en todo el proceso del parto, y fue la primera persona que J.M.A.V. vio al nacer”, indicó el juez Estrella Martínez.

Desde junio de 2007, han intentado que los tribunales reconozcan como madre adoptiva a A.A.R.

En el proceso han impugnado la constitucionalidad del artículo 138, por entender, entre otras cosas, que discrimina por razones de género y supone una invasión a su intimidad.

Uno tras uno, sin embargo, el Tribunal de Instancia, la Corte de Apelaciones y ahora una débil mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico han rechazado la demanda de la “madre funcional”.

“En lo personal simpatizo con la posición de las peticionarias”, dijo el juez asociado Rafael Martínez Torres en una opinión a través de la cual, junto al juez Roberto Feliberti Cintrón, se unió a la mayoría, al mantener que la “Constitución no me autoriza a imponer mi preferencia moral a toda la sociedad”.

El juez Erick Kolthoff Caraballo, pastor protestante, citó un estudio científico sobre los niños criados en hogares de parejas gay y heterosexuales, y afirmó en su opinión que la buena evaluación de la madre funcional y del ambiente en el hogar no deben ser “los únicos factores a considerarse”.

“La opinión mayoritaria aplica con automatismo una ley que discrimina contra una pareja del mismo sexo, cerrando así las puertas a los reclamos legítimos de una madre que quiere legalizar su relación con la niña a quien ha criado desde que nació hace 12 años”, escribió, como disidente, el juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton.

La jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez afirmó que es impostergable reconocer la discriminación contra los grupos que han sido históricamente perseguidos. “Ante las nociones subyacentes de prejuicios y estereotipos bajo el discrimen histórico de orientación sexual, urge que despojemos las propias visiones morales del ejercicio judicial”, indicó Rodríguez Rodríguez, una exsecretaria de Justicia, en su opinión disidente.

Liana Fiol Matta también criticó el análisis estricto de la mayoría, al indicar, en un voto explicativo, que si el tribunal hubiese querido centrarse en el interés de la menor, hubiese evitado una larga “discusión constitucional” contenida en las 343 páginas del caso.

Reacciona el Ejecutivo

Como portavoz del Departamento de la Familia, que desde 2007 se opuso a la petición de adopción, la asesora legal Janine Marrero Montalvo sostuvo que “tenemos que respetar las disposiciones de ley” y coincidió con el tribunal en que corresponde a la Legislatura determinar si es hora de revisar el estatuto.

“No he estudiado la determinación del Tribunal Supremo”, indicó, mientras, el gobernador Alejandro García Padilla, quien agregó que permitir la adopción de parejas del mismo sexo “no está planteado en este momento”.

La decisión del Tribunal Supremo se dio a conocer solo dos días después de una multitudinaria manifestación de grupos religiosos en contra del matrimonio de personas del mismo sexo.

El Movimiento Amplio de Mujeres dijo, por su lado, que la decisión –que resonaba anoche en medios estadounidenses– reafirma la urgencia de que la Legislatura intervenga y proteja “los derechos humanos”.

La portavoz del grupo, Mariana Iriarte, señaló que “el Estado tiene la obligación de protegernos a todas y todos por igual”.

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