En el aire Oficina de Incentivos

La medida para centralizar el proceso de análisis y otorgamiento de incentivos a negocios en Puerto Rico se quedó en el tintero, tras concluir anoche el periodo para aprobar proyectos en la sesión legislativa.

El proyecto pasó el cedazo del Senado, pero no bajó a votación en la Cámara de Representantes. No obstante, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José R. Pérez-Riera, aseguró ayer que el freno en la aprobación era parte de una estrategia coordinada entre los cuerpos legislativos, su agencia y el sector privado.

“Estamos comprometidos para crear un proyecto de consenso, que se pueda presentar en un frente común en algún momento durante este año o el próximo”, respondió el funcionario a preguntas de la prensa, luego de que trascendiera que la Coalición del Sector Privado se opone a la medida que no pasó por el proceso de vistas públicas.

Los proyectos 2672 del Senado y 4029 de la Cámara proponen eliminar la Oficina de Exención Contributiva Industrial para crear la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico (OIN). Esa oficina evaluaría, concedería y administraría los incentivos que se ofrecen a través de unas 15 leyes de fomento económico.

Estas medidas fueron radicadas el 30 y el 31 de mayo de 2012, en Cámara y Senado, respectivamente.

Pérez-Riera aseguró que la aprobación senatorial fue un “simple paso procesal”, que se había estado coordinando para que la medida pasara a comité de conferencia. Sin embargo, se quedó corto de tiempo.

Anoche culminó el periodo para aprobar proyectos en la presente sesión legislativa. Los cuerpos tienen unos días adicionales, hasta el 30 de junio, para aquellas medidas que van a comité de conferencia. La única alternativa para aprobar medidas en lo que resta del año es una sesión extraordinaria.

“Hemos acordado con ellos (los representantes del sector privado) que vamos a estar trabajando con el sector para que el proyecto pueda atender las preocupaciones que ellos puedan tener. No se va a aprobar en esta sesión por la falta de tiempo”, reiteró Pérez-Riera. “La realidad es que es un proyecto complicado, pero de la misma forma, tiene todos los elementos necesarios para ayudar a la industria, en todos los renglones”.

Oposición gubernamental

Pero, al parecer no solo la Coalición del Sector Privado se opone a la medida sino también algunas agencias de gobierno que serían afectadas adversamente por la propuesta, supo El Nuevo Día.

Según fuentes de este diario, el proyecto ha levantado inquietudes al interior de la Compañía de Turismo, en subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y en otras agencias de regulación de actividades económicas.

Una de las voces de alerta en torno a la medida fue el comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco, quien en una detallada misiva a la que tuvo acceso este diario, señaló que la pieza podría chocar con el rol de la OCIF como principal supervisor del sistema bancario y financiero de la Isla.

“Es necesario reconceptualizar el proceso de organización, concesión de licencia y otorgamiento de incentivos en el caso de entidades financieras sujetas a la supervisión y fiscalización de la OCIF”, sostuvo Blanco en una ponencia escrita a la comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes, donde también se analiza la pieza bajo el número 4029.

El Nuevo Día no pudo contactar a Blanco para entrevistarle acerca de la posición de la OCIF.

“Lo dispuesto en el P. de la C. 4029 prevalecería sobre las leyes que administra e implementa la OCIF, incluyendo la Ley 4 de 1985 y la ley que en su día se apruebe para crear el Centro Financiero Internacional de Puerto Rico”, se agrega en la misiva.

“Entendemos que la facultad de supervisión de la OCIF, incluyendo la facultad de denegar o cancelar licencias por los fundamentos legales aplicables, no debe quedar limitada o restringida por el hecho de que determinada entidad ha recibido incentivos”, continuó la OCIF.

Los cuestionamientos de la OCIF u otras agencias al parecer no fueron considerados por la comisión senatorial de Hacienda, organismo presidido por la senadora Migdalia Padilla y cuyo informe concluyó que el proceso de evaluación y concesión de incentivos “atenta contra la viabilidad de un proyecto, cuando la misma depende de la agilidad con que se maneja dicha evaluación, o cuando la agencia evaluadora carece de información relevante que podría afectar algún proyecto ante su consideración”.

Cuestionado por los méritos de la pieza, el economista Joaquín Villamil, indicó que el proyecto podía ser favorable, pues daría una mirada a la estructura de incentivos que tiene Puerto Rico, una estrategia que hasta la fecha se ha implementado de manera fragmentada.