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3 de febrero de 2014
Puerto Rico Hoy
 

“En la dirección correcta”

Despenalizar la marihuana es una tendencia global

 

Por Gerardo E. Alvarado León / galvarado@elnuevodia.com

Representantes de las organizaciones Drug Policy Alliance y Open Society Foundations prevén reunirse con políticos, académicos y entidades en Puerto Rico. (Archivo)

La discusión de dos proyectos de ley que persiguen despenalizar la posesión de la marihuana y legalizar su uso medicinal, es indicio de que Puerto Rico va “en la dirección correcta” hacia una reforma de la política pública vigente de sustancias controladas.

En su sentido más amplio, ambas piezas buscan sustituir el modelo punitivo y de encarcelación de usuarios por uno de reducción de daños, en donde el tema de las drogas se aborde con educación, prevención y tratamiento.

Esta coyuntura sirvió de base para invitar al País a representantes de las organizaciones Drug Policy Alliance (DPA)  y Open Society Foundations (OSF), que abogan por un cambio de política pública en asuntos de drogas a nivel mundial. Los representantes, que arriban mañana y el miércoles, tienen en agenda reunirse con políticos, grupos académicos y entidades de base comunitaria que brindan servicios a usuarios  y también favorecen el cambio de política pública. 

“Puerto Rico ha sufrido por décadas las consecuencias de la guerra contra las drogas. La intención de visitar la Isla es demostrar que hay mejores maneras de atender esta problemática,” dijo ayer a El Nuevo Día el director ejecutivo de DPA, Ethan Nadelmann.

“Lo importante de que en Puerto Rico se esté discutiendo la despenalización y la legalización de la marihuana es que el gobierno está reconociendo el fracaso de la política de mano dura, que aparte de costosa es contraproducente”, agregó Nadelmann.

El informe más reciente sobre el perfil de la población confinada en Puerto Rico -publicado por el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 30 de junio de 2012-, arrojó que el 87.71% de los confinados fue sentenciado por casos relacionados al consumo de sustancias controladas, y que el 46.77% de la población carcelaria se componía de primeros ofensores. La mediana de la sentencia impuesta a estos reos era de cinco años, lo que a un costo de $40,000 anuales representaba un gasto de $200,000 por convicto.

Entretanto, en 2010 la Policía estimó que el 60% de los asesinatos estuvo relacionado a  drogas. Un año después, la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas reportó que el índice de homicidios intencionales en la Isla subió a 26.2 por cada 100,000 habitantes, superando a países como México (23.7 por cada 100,000 habitantes) y Estados Unidos (4.8 por cada 100,000 habitantes). Las estadísticas confirman que durante los pasados 20 años -cuando se implementó la política de mano dura- en el País se han registrado más de 15,000 homicidios.

 “Las conversaciones que se llevan a cabo en Puerto Rico que buscan darle un nuevo enfoque a la marihuana son un acontecimiento positivo. Alrededor del mundo, la gente y sus representantes en el gobierno se están dando cuenta de que los millones de arrestos por razones no violentas y de posesión de pequeñas cantidades de marihuana son una pérdida lamentable de recursos gubernamentales. Además, estos esfuerzos inútiles desvían tiempo de la Policía y recursos de la ley lejos de los criminales violentos”, afirmó Kasia Malinowska-Sempruch, directora del Programa Global en Políticas de Drogas de OSF. “Desde estados en Estados Unidos a países como Uruguay y otros de Latinoamérica, los enfoques alternativos a las drogas están ganando cada vez más atención. Espero con interés la reunión con los legisladores para discutir cómo las políticas de todo el mundo están cambiando para lo mejor”, añadió.

“Vimos un movimiento”

A propósito de Uruguay, otra de las personas que visitará la Isla es Hannah Hetzer, coordinadora del programa latinoamericano de DPA, quien durante casi todo el 2013 vivió en el  país suramericano y abogó por la aprobación -el pasado 10 de diciembre- de la ley que habilita la compraventa y el cultivo de marihuana. DPA también abogó por la reciente legalización de la marihuana en Washington y Colorado.

“Somos la organización más grande del mundo de reforma de políticas públicas de sustancias controladas y nos vinculamos otras entidades de derechos humanos y salud que hacen este tipo de trabajo. Vamos a Puerto Rico porque vimos un movimiento; unos cambios propuestos con estos dos proyectos de ley. Nos parece que hay una coyuntura interesante”, dijo Hetzer, al destacar que la Isla tiene un alto nivel de encarcelación y es utilizada como un corredor de tráfico de drogas.

 Hetzer declaró que “Puerto Rico no puede quedarse atrás” en la reforma de la política pública vigente de sustancias controladas. Esto, según dijo, porque en el Caribe al menos 13 naciones han empezado a debatir sobre la despenalización de la marihuana y la legalización de su uso medicinal. Algunas de estas naciones son Jamaica, Barbados, Bermuda, Granada, Santa Lucía y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

“El Caribe es un lugar de tránsito de drogas importante en el mundo. En ese aspecto, Puerto Rico tiene que seguir a sus países alrededor; no puede seguir con una prohibición que no funciona. Lo que se está proponiendo en Puerto Rico son pasos muy importantes en la dirección correcta, ya que ninguna de las metas de la guerra contra las drogas (mano dura) ha sido alcanzada”, puntualizó Hetzer.

 Aportar al cambio

La visita de los representantes de DPA y OSF le da continuidad a las reuniones realizadas en la International Drug Policy Reform Conference, celebrada en 2013 en Denver, Colorado, explicó Rafael Torruella, director de la organización Intercambios Puerto Rico y de la campaña Descriminalización.org. 

En aquella ocasión, explicó, representantes gubernamentales y de entidades de base comunitaria se reunieron para compartir experiencias sobre las reformas de políticas públicas de drogas en Estados Unidos y otros países.

“Puerto Rico está cambiando sabiamente sus políticas públicas de drogas en este momento y vemos a estas organizaciones como apoyo. Están aquí para aportar al cambio y su presencia ubica a Puerto Rico en el marco global de lo que está pasando”, dijo Torruella, quien destacó que su entidad tiene el programa de intercambio de jeringuillas “más grande” en el País.

Abundó que DPA y OSF son los mayores cabilderos de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas  sobre Drogas de 2016, donde se evaluará el problema global de las drogas y se revisará la situación de las leyes internacionales.

Torruella informó que los representantes de DPA y OSF participarán en un conversatorio a celebrarse el miércoles, a las 7:30 p.m., en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

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