En manos de un jurado la pena de muerte

El comerciante yaucano Edison Burgos Montes, convicto por el asesinato y desaparición de una informante federal, enfrenta a partir de hoy un momento histórico cuando inicie la segunda etapa de juicio en el Tribunal Federal donde se determinará si será ejecutado o pasará el resto de sus días en prisión.

Esta fase arranca en un periodo complicado para Puerto Rico, en el que un amplio sector de la población se siente asediado por la ola criminal que azota al País, tal y como lo demostró la encuesta La Voz del Pueblo publicada en marzo 25 de este año por El Nuevo Día.

Dentro de ese ambiente de desaliento, un 91% de los encuestados manifestó que la criminalidad ocupaba el primer lugar en su lista de preocupaciones. Los robos domiciliarios y los tiroteos en las calles también afloraron como asuntos que les preocupaban y que el gobierno debía atender.

Ayer, el coordinador general de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, Edgardo Román, reconoció que es preocupante que el clima actual de violencia pueda ser capaz de incidir en la mente de un jurado y los lleve a imponer el castigo capital.

“No hay duda de que nos preocupa que haya personas que crea que los asesinos deben dictar la pauta de la conducta del Estado y que se haga matando. El gran reto que enfrentamos es que la gente entienda que la pena de muerte no es un disuasivo para la criminalidad y que lo que provoca es un incremento en la violencia”, dijo Román.

Destacó que, aunque en términos generales el pueblo está en contra del castigo, le inquieta el alto volumen de estos casos que están pendientes en el Tribunal Federal.

“Nos preocupa que se pretenda convertir al Tribunal Federal en uno de los más activistas de los tribunales de distritos federales, en un país donde no existe la pena de muerte”, reiteró.

Desde el 1927 nadie es ejecutado en Puerto Rico y en el 1929 quedó oficialmente proscrita esta práctica a nivel estatal.

Sin embargo, ayer el exsuperintendente de la Policía, Pedro Toledo, opinó que el ambiente actual de violencia que experimenta Puerto Rico es propicio para que un jurado decida por primera vez imponer la pena de muerte, que sí es aplicable a nivel federal.

“En los últimos casos los jurados han estado bastante cerca de la unanimidad y te diría que con los tiempos que estamos viviendo, dependiendo del crimen, podría ser que un jurado decida imponer la pena capital”, apuntó.

“Creo que el ambiente que vivimos podría llevar al pueblo a través del jurado a enviar un mensaje a los criminales de que basta ya del abuso”, reiteró.

EL PROCESO

Hoy, a partir de las 10:00 a.m., en la sala del juez federal  Jay A. García Gregory, las fiscales federales  Julie Mosley y Marcela Mateo comenzarán a presentarle al jurado -compuesto por once hombres y una mujer- los agravantes que deberán considerar para determinar si condenan a muerte o a vida en prisión a Burgos Montes. Este fue convicto por el asesinato y desaparición de su novia Madelyn Semidey Morales, quien era una informante federal.

Específicamente, las fiscales federales le llevarán al jurado testimonios del impacto que ha tenido en los familiares de Semidey Morales su desaparición y muerte y cómo  las hijas de la informante de la Administración Federal Antidrogas (DEA) han sufrido su ausencia.

Asimismo, durante esta etapa, conocida como la fase  del castigo y que se espera dure un máximo de dos semanas, los abogados de defensa  Rachell Brill y Steven  Potolsky presentarán evidencia al jurado sobre los atenuantes a tomar en cuenta a favor de su cliente, a fin de que  rechace su muerte y  escoja vida en prisión.

Durante esta segunda fase del juicio de pena de muerte, la Fiscalía federal tiene que probar los agravantes contra Burgos Montes más allá de toda duda razonable y el jurado tiene que decidir de forma unánime. Sin embargo, los atenuantes dependerán de la preponderancia de la prueba y basta con que uno de los jurados los crea, ya que no requiere unanimidad.

Se espera que los abogados de Burgos Montes presenten también testimonio de la familia del convicto por la muerte de  Semidey Morales sobre el daño que ellos podrían experimentar si el jurado decide  condenarlo.

CULPABLE DE CUATRO CARGOS

El pasado 29 de agosto cerca de las 4:45 p.m. Burgos Montes, de 42 años, fue encontrado culpable de cuatro cargos que pesaban en su contra por narcotráfico y por asesinar y desaparecer a la confidente de la DEA.

El jurado determinó de forma unánime que Burgos Montes, cerca del 4 de julio de 2005, asesinó y desapareció a  Semidey Morales con premeditación y alevosía con el fin de prevenir que ella testificara en su contra sobre la comisión de delitos de narcotráfico.

Así, Burgos Montes  se convirtió en el cuarto caso de pena de muerte que se ve en Puerto Rico en el Tribunal Federal, es el tercer caso que llega a la fase de pena de muerte y es la cuarta persona que se encuentra con la  posibilidad de ser condenado al castigo capital.

Sin embargo, su caso es el primero  donde la víctima es una mujer y donde se visualiza el contexto de violencia de género.