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6 de diciembre de 2012
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En rojo el aeropuerto LMM

La instalación opera con un déficit anual de unos $4 millones

 
Cuando se le suma el uso y deterioro de estructuras del aeropuerto, esto coloca a ese activo en rojo por unos $34 millones. (Archivo)

Por Joanisabel González / joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com

El Aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (LMM) opera con un déficit anual de entre $3 millones y $4 millones sin incluir la depreciación por uso y deterioro de estructuras, lo que coloca ese activo en rojo por unos $34 millones, dijo ayer el director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), David Álvarez.

La cifra divulgada ayer durante las vistas de transición pareció derribar la premisa de que la principal puerta de conexión del Caribe es rentable en estos momentos, algo que economistas, sindicatos y al menos dos legisladores del Partido Popular Democrático utilizaban como argumento para rechazar la transferencia a un operador privado.

“El LMM tiene ingresos brutos de $80 millones, pero la inconveniencia que tiene es la cascada de gastos, particularmente operacionales. Es una partida muy grande y el aeropuerto se queda corto para cumplir con su servicio de deuda”, dijo Álvarez a los integrantes del Comité de Transición del gobernador electo Alejandro García Padilla.

En contrapeso, el funcionario destacó que las tarifas a las aerolíneas estarán congeladas por cinco años y que los ingresos que recibirá la Autoridad de los Puertos (AP) durante el contrato de 40 años tienen la mayor prioridad, pues su partida se calculará de los ingresos brutos que genere el aeropuerto.

“Las preocupaciones del gobernador (electo) están atendidas”, dijo Álvarez cuando el comité le cuestionó si la transacción no aumentará las tarifas, no resultará en despidos en la AP ni afectará a los aeropuertos regionales.

Sin embargo, a preguntas de la perita en Administración Pública Palmira Ríos, Álvarez señaló que Aerostar –empresa que operaría el aeropuerto bajo un contrato de alianza público-privada– está obligado a entrevistar a los empleados de Puertos, mas no a contratarlos.

Anteriormente, la AAPP y el propio Aerostar indicaron que se entrevistarán a los empleados de la corporación pública y que aquellos que trabajan en el LMM y que estén interesados en permanecer en Puertos podrán hacerlo.

Ayer Álvarez indicó que Puertos tiene la capacidad para retener a los empleados que así lo interesen y reubicarlos en los demás aeropuertos o puertos marítimos de la corporación pública. Pero no pudo señalar si la retención de esos empleados, sin tener el LMM, agravaría el déficit de la corporación.

Regionales con o sin Alianzas

Aseguró que la contratación de Aerostar no tiene “nada que ver” con los aeropuertos de Aguadilla, Ponce y Vieques y tampoco limita el crecimiento de otros aeropuertos regionales en lo que respecta a vuelos charters o fletados, carga aérea o en aumentar la frecuencia de rutas ya existentes.

El funcionario dijo que el Gobierno sometió a la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) un plan para el desarrollo de los aeropuertos regionales junto con la solicitud para privatizar el LMM y que este “tiene que ser cumplido”, pues va dirigido “a fortalecer” los ingresos de tales instalaciones.

Tranquilla contractual

Otro asunto con el que habrá que lidiar, según Álvarez, es que aun cuando se privatice el aeropuerto, hay contratos de concesionarios comerciales de muy largo plazo.

“En el aeropuerto, el 33% del espacio comercial tiene contratos amarrados hasta el 2024 con sutilezas de exclusividad demasiado amplias y que van más allá de lo que consideraría razonable”, sostuvo.

El Nuevo Día señaló anteriormente que al menos tres de los contratos –IMC, TransAd y Dufry AG– se firmaron o extendieron bajo el gobierno popular.

Álvarez indicó que el Gobierno tendrá que hacer sus mejores esfuerzos para cerrar la transacción si la FAA la avala, pues se expone a penalidades. Si Puerto Rico abandona la transacción, pagaría unos $8 millones a Aerostar, y si el consorcio se retira, este pagaría a Puerto Rico unos $32.5 millones. Si la FAA no avala la alianza público-privada, entonces ninguna parte compensa a la otra.

La FAA se expresaría este mes o a principios de enero, y la transacción debe cerrar antes del 12 de enero de 2013.

Se quedan cortas

De otra parte, las alianzas público-privadas aprobadas bajo la administración de Luis Fortuño, tanto las autopistas como las Escuelas para el Siglo 21, redundaron en la creación de unos 15,000 empleos en construcción y de unos $1,500 millones en inversión a la economía local, según el titular de la AAPP. El funcionario señaló que los números no incluyen empleos directos ni los 3,000 empleos que promete la concesión del aeropuerto.

La cifra de empleos e inversión se quedó corta para las promesas que se hicieron con el lanzamiento de este modelo de gestión hace tres años, según el Comité de Transición Entrante.

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