“Epidémico” el problema de venta ilegal de drogas recetadas

El director interino de la Administración federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), Pedro Janer, catalogó como “epidémico” el problema de la venta ilegal de drogas recetadas en la Isla.

Las declaraciones fueron hechas durante la conferencia de prensa realizada esta mañana, luego que la DEA realizara un operativo antidroga que impactó varias farmacias, clínicas y pacientes fatulos que presuntamente se dedicaban al trasiego ilegal de medicamentos en las zonas de Arecibo, San Sebastián, Aguadilla y Moca.

“Este problema está creciendo a niveles exorbitantes. El porciento de abuso de estas pastillas es mayor que el de la cocaína, marihuana, heroína y crack juntos”, aseguró Janer.

“Este tipo de droga reemplazó a la marihuana como droga de entrada entre los jóvenes. Según nuestras investigaciones, ocho de cada diez gatilleros que son arrestados admiten que están bajo los efectos de estas pastillas al momento de cometer los crímenes”, añadió.

Durante el operativo se lograron arrestar a 32 de las 33 personas que figuran en el pliego acusatorio por conspirar para distribuir ilegalmente medicamentos recetados. El mismo logró la incautación de 70 mil pastillas de varios medicamentos recetados como Percocet y Xanax, entre otros.

El fiscal federal José Capó Iriarte indicó que las farmacias impactadas en el operativo fueron identificadas como la farmacia Jayleen en Aguadilla, las farmacias Yani, Modelo, Sandut y Nueva en San Sebastián, farmacia Palmar en Aguadilla y Best Farmacy en Moca. También se identificó a la Policlínica Doctor César Vargas en San Sebastián como parte del esquema.

Capó Iriarte fue evasivo a preguntas de la prensa para que identificara a la dueña de una farmacia en San Sebastián que se alega es esposa de un juez del Tribunal de Primera Instancia en Aguadilla, aunque finalmente accedió a revelar su identidad, no así la del juez.

“La acusada es Yanira Santiago Soto, la número diez en el pliego acusatorio. Está emparentada con un juez, pero repetimos, los familiares y cónyuges no tienen nada que ver con las acusaciones, queremos que eso quede bien claro. No podemos dar información personal de los acusados”, indicó Capó Iriarte al preguntársele la identidad del juez.

Por su parte, la fiscal a cargo, Elba Gorbea, indicó que los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión y hasta un millón de dólares en multas por cargos de conspirar para distribuir ilegalmente la droga.

Según explicó, el esquema de este grupo funcionaba cuando individuos visitaban una clínica en San Sebastián para obtener recetas y luego iban a una de las farmacias para obtener la droga y revenderla en la calle, no necesariamente en puntos de droga.