Esfuerzos redoblados

Las voces en contra de la pena de muerte en Puerto Rico entienden que hay que redoblar esfuerzos para llevar el mensaje al pueblo de que ese castigo no pondrá un freno a la criminalidad.

La posibilidad de que un jurado compuesto por puertorriqueños condene a un acusado a la pena capital -a nivel federal- está presente desde 1994, pero aumenta en momentos de inseguridad como los que vive el país.

“La realidad es que desde que se volvió a imponer la pena de muerte el crimen no ha bajado. La pena de muerte ni ayuda a combatir la criminalidad ni es un disuasivo para los crímenes violentos”, afirmó el presidente de la Comisión sobre Pena de Muerte del Colegio de Abogados, Kevin M. Rivera.

En ese contexto, Rivera dijo que es necesario combatir los discursos anacrónicos, equivocados y no sustentados que confunden al pueblo al venderle la pena capital como la solución al problema del crimen.

El abogado y activista de derechos humanos, Carmelo Campos Cruz, coincidió con Rivera. “Es sorprendente que mientras en el resto del planeta hay una tendencia clarísima a no utilizar la pena de muerte por su inefectividad, en Puerto Rico se plantee. Es triste y paradójico”, expuso.

Campos Cruz puntualizó que los procesos de pena de muerte son bien costosos para el estado. Expuso, como ejemplo, que en el 2007 se calculó que en Nueva Jersey los casos de pena de muerte costaron $200 millones más que si un acusado hubiese sido condenado a cadena perpetua o probatoria.

En California, donde habrá una votación en diciembre para abolir la pena de muerte, se calcula que cada caso de pena de muerte cuesta más de $1 millón. “Ese dinero debe ir a mejorar las investigaciones para la resolución de crímenes violentos”, indicó.