Exigen alto a programa que lleva a menores a las cárceles

El presidente de la Comisión de derechos de los niños del Colegio de Abogados (CAPR), Reynaldo Alegría, censuró enérgicamente el programa denominado "Amando la Libertad", en el que menores son llevados a la cárcel, vestidos y esposados como presos, haciéndolos pasar por la experiencia del confinamiento.

Alegría cuestionó si el gobernador Luis Fortuño y su esposa Lucé Vela permitirían que sus hijos pasaran por la experiencia que propone el proyecto para estudiantes de escuela superior.  

“Me pregunto”, puntualizó Alegría, “y lo hago con un profundo respeto, si el Gobernador y su esposa aceptarían que sus hijos vistieran como confinados y fueran esposados para que tuvieran la experiencia de la cárcel; o si preferirían que fueran a un taller de mecánica o ebanistería, o a una granja o un quirófano, a tener una experiencia verdaderamente enriquecedora”.

De paso, el Colegio de Abogados solicitó a la administración de turno que desista de continuar con el proyecto. “La política pública sobre la educación de los niños en Puerto Rico no debe permitir improvisaciones ni faltas de juicio que atenten contra su seguridad y bienestar. Este programa debe terminar de inmediato”, dijo Osvaldo Toledo, presidente del Colegio.

“El gobierno de Puerto Rico comete un serio error de juicio que raya en violación a los derechos humanos al implantar el programa Amando la libertad, una actividad realizada en el día de ayer con los estudiantes de la escuela Fernando Callejo, de Manatí, que fueron trasladados a la sección 705 de la cárcel de Bayamón como si fueran sumariados”, dijo Alegría en declaraciones escritas.

Aseguró que el programa está "totalmente desenfocado".

"Sin duda, la cárcel es la consecuencia de una actuación incorrecta, pero es más útil y valioso brindarle a nuestros niños la oportunidad de la formación y la práctica de las profesiones y oficios en los que se pueden interesar para convertirse en ciudadanos responsables y productivos”, señaló Alegría.

Precisó que “el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas declaró que ningún niño será privado de su libertad, ilegal o arbitrariamente, y que la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.